Las medidas preventivas anunciadas por el Gobierno ante el coronavirus han causado confusión en empresas porque se ordena la suspensión temporal de actividades en las firmas, pero también se pide mantener las relaciones laborales, dos directrices que para efectos legales tienen diferentes implicaciones, según expertos.
El martes, las autoridades mexicanas decretaron la fase 2 de la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) y anunciaron dos decretos, uno firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y otro, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ellos se establece que los adultos mayores de 65 años y grupos de personas con riesgo no asistan a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, además de que estos gozarán de su salario y demás prestaciones.
También se suspenden clases y actividades de los sectores público, social y privado que involucren concentración física, tránsito o desplazamiento de personas hasta el 19 de abril.
Al respecto, Alicia Abúndez, socia de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, consideró que el acuerdo carece de claridad sobre qué deben hacer las empresas para los pagos de salarios y contribuciones de seguridad social, por lo que ante ese escenario, recomendó a las organizaciones seguir pagando sueldos y cuotas al IMSS.
Sin embargo, Sebastián Patiño, coordinador del Comité del Derecho de la Seguridad Social de ANADE, sostuvo que el acuerdo publicado por Salud no se trata todavía de una declaratoria de contingencia sanitaria en los términos del Artículo 42Bis de la Ley laboral, el cual habilita la indemnización del pago de un salario mínimo ante la suspensión de labores.
Por su parte, Alfredo Sánchez-Castañeda, catedrático de la UNAM, y Austreberto Bañuelos Correa, socio de Bañuelos y Salazar Asesores y Promotores, coincidieron en que la confusión surge a partir de que la Secretaría de Salud no tiene facultades legales en materia laboral.
