La investigación reveló que Porfiria Ramos conspiró con cómplices en México y Connecticut para traer a las víctimas, quienes pagaban entre 15,000 y 20,000 dólares para ser llevadas a Estados Unidos.
Porfiria Ramos Sánchez, una ciudadana mexicana, se declaró este viernes culpable de cargos de tráfico de personas y trata con fines laborales ante la Fiscalía federal de Connecticut.
Ramos enfrenta una sentencia de hasta 10 años de prisión por su participación en un esquema que transportaba y explotaba a al menos 18 personas indocumentadas.
Detalles del esquema
La investigación reveló que Ramos conspiró con cómplices en México y Connecticut para traer a las víctimas, quienes pagaban entre 15,000 y 20,000 dólares para ser llevadas a Estados Unidos.
A su llegada a Connecticut, las víctimas fueron informadas de que tendrían que pagar 30,000 dólares con intereses, además de cubrir gastos adicionales como alquiler, comida y gasolina.
Según el FBI y la Policía de Hartford, que entrevistaron a varias de las víctimas en septiembre de 2022, Ramos y sus cómplices exigían a las personas que entregaran las escrituras de sus propiedades en México como garantía antes de salir del país.
Explotación laboral y amenazas
Una vez en Hartford, las víctimas fueron obligadas a realizar trabajos no remunerados en tareas domésticas y jardinería, sin que se redujera su deuda. Además, los acusados falsificaban documentos como tarjetas de residencia permanente y de seguro social, ayudando a las víctimas a encontrar empleo en la zona.
En caso de no cumplir con los pagos o no hacerlo en la cantidad exigida, Ramos y sus cómplices amenazaban a las víctimas con hacer daño a sus familiares en México, confiscar sus propiedades o denunciarlas a las autoridades de inmigración. Las víctimas vivieron bajo constante amenaza y explotación, sin poder salir de la deuda que se les impuso.
Sentencia y reparación
Ramos será sentenciada el 6 de enero y deberá indemnizar a las víctimas con $494,608 dólares, una suma que se cubrirá mediante la venta de una propiedad que ella y su esposo poseen en Hartford, según informó la Fiscalía.
Este caso pone de relieve la continua lucha contra el tráfico de personas y la explotación laboral en Estados Unidos, donde miles de personas indocumentadas son víctimas de redes criminales que lucran con su vulnerabilidad.
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