Por: Cortesía

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Multas a empresas suman 4 mil mdp en los últimos 5 años: Secretaría de la Función Pública

El Gobierno Federal sancionó en cinco años, con multas que ascienden en conjunto a tres mil 961 millones de pesos, a 933 proveedores y contratistas que incumplieron las reglas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios.

Con base a la información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Roberto Salcedo Aquino, 239 personas físicas y morales fueron acreedoras a multas y 694 a multas e inhabilitación.

Los cerca de cuatro mil millones de pesos de multa resultan a más del doble del gasto que solicita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con mil 722 millones de pesos; casi el mismo presupuesto del Tribunal Electoral, que pidió para 2024 tres mil 890 millones, y más que el presupuesto que admitirá la Auditoría Superior, con 3 mil 111 millones de pesos.

“Se consolida el compromiso de combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción, la impunidad, el dispendio y la frivolidad en la administración pública”, sostuvo Salcedo Aquino en dicho documento.

Del 1 de septiembre de 2018, al 30 de junio de 2023, la Función Pública admitió mil 421 asuntos y se emitieron mil 429 resoluciones, de las cuales 65.3% fueron sancionatorias, en 152 (10.6%) no se determinó sanción y 344 (24.1%) fueron improcedentes.

En el mismo periodo se solucionaron 347 medios de impugnación, de los cuales 72% corresponde a 250 resoluciones confirmadas por autoridades competentes. Función Pública refierió que intervino en la promoción de la conciliación en los procesos de contrataciones públicas, con el fin de evitar procedimientos ante autoridades jurisdiccionales, que implican gastos adicionales para las partes y retrasos en la ejecución de obligaciones contractuales, que afectan la prestación de servicios.

Del 1 de septiembre de 2022, al 30 de junio de 2023, se admitieron 676 solicitudes de conciliación y se cerraron 705 asuntos, en 529 hubo solución.

En 295 casos (55.8%) se obtuvo acuerdo de voluntades y en 234 (44.2%) se dejaron a salvo los derechos de las partes. Respecto de los 176 restantes corresponden a incompetencias.