En la primera consulta de revocación de mandato de un presidente de la República, participaron entre 15.7 y 16.8 millones de ciudadanos, equivalentes a entre el 17% y el 18.2% del listado nominal de electores, porcentaje menor al necesario para que los resultados fueran vinculantes: 40%.
Conforme a los porcentajes de participación arrojados por el conteo rápido del INE, la opción de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo hasta 2024 fue apoyada por alrededor de 15 millones de personas, la mitad de los 30.1 millones de sufragios que el morenista obtuvo en los comicios de 2018.
La opción de que López Obrador fuera revocado del Ejecutivo federal fue apoyada por alrededor de 1 millón de personas.
La baja participación ciudadana se dio a pesar de que, a lo largo de todo el proceso de organización e incluso el mismo día de la votación, hubo una intervención reiterada y sistemática de funcionarios públicos que promocionaron indebidamente la consulta y la figura de López Obrador.
Morena buscaba que en la consulta de revocación de este domingo López Obrador fuera “ratificado” al menos con la misma cifra de votos de 2018, a fin de demostrar que, a la mitad de su mandato, no ha perdido respaldo ciudadano.
En la consulta popular del año pasado, que Morena promocionó como del “juicio a expresidentes”, participaron 6 millones 663 mil ciudadanos, por lo que tampoco sus resultados fueron vinculantes.
Para esta consulta de revocación de mandato, fueron instaladas 57 mil 436 casillas, un tercio de las 156 mil 807 urnas que hubo en 2018.
La reducción obedece al recorte presupuestal propinado por Morena y sus aliados en el Congreso al INE de cara a la organización de este ejercicio ciudadano.
Sin embargo, a pesar de que esta vez hubo menos urnas, estaban convocados a participar 92.8 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal, casi la misma cifra de potenciales votantes que en 2018.
Funcionarios públicos, líderes de Morena y simpatizantes del partido responsabilizaron al INE de la baja participación ciudadana. Ayer, durante la sesión del Consejo General, el representante morenista, Mario Llergo, calificó a los consejeros de conservadores y reaccionarios.
“No han dudado un momento para tirarse a los brazos y ponerse al servicio de la reacción más oscura y contraria a los intereses de la nación, han repudiado sus principios democráticos para convertirse en un ariete en contra del proyecto de nación nacionalista y de justicia social que el pueblo de México votó mayoritariamente. Se oponen no solo a nuestro presidente, se oponen al progreso y a la felicidad de la nación”, dijo.
Gabriela Jiménez, dirigente de la organización Que Siga la Democracia, que desplegó una campaña masiva en todo el país a favor de la consulta revocatoria, anunció acciones legales en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, a los que acusó de parciales.
El árbitro electoral recibió cuando menos 183 denuncias relacionadas con la actuación indebida de funcionarios públicos y actores políticos.
El INE pide a la fiscalía indagar posibles violaciones a la ley
Aunque el INE descartó irregularidades graves y calificó el ejercicio cívico de exitoso, la jornada de votación de ayer estuvo marcada por violaciones a la ley cometidas por instituciones del gobierno federal, funcionarios públicos y el dirigente de Morena, Mario Delgado, quienes, de manera indebida, publicaron en redes sociales varios mensajes en los que convocaron a la ciudadanía a participar en la consulta y promovieron la figura de López Obrador, lo que fue sancionado por el árbitro electoral.
Incluso, en lo que fue calificado por Lorenzo Córdova como una posible violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el dirigente morenista organizó ‘aventones’ para trasladar a ciudadanos a las urnas para que votaran.
En su artículo 7, dicha ley establece que quien “organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto” se puede hacer acreedor a un castigo de entre 50 y 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.
Además, los delitos electorales son considerados graves y ameritan prisión preventiva oficiosa, gracias a una reforma impulsada por la actual administración.
“La ley es muy clara: el transporte colectivamente a electores para llevarlos a votar con el propósito de incidir en el sentido de su voto es un delito, y es un delito grave; entonces, yo espero que ningún funcionario ni ninguna persona esté incurriendo en esos delitos. Estaremos atentos si llega alguna denuncia en ese sentido. Esa ley (General de Delitos Electorales) está vigente hasta donde yo me acuerdo, y quien viole la ley, en un Estado de derecho, hay que aplicársela”, afirmó Córdova en conferencia de prensa.
Por la tarde, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la FGR, para que investigue la actuación de Delgado.
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