Las órdenes de aprehensión contra 19 funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña, son por delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero, mediante millonarios desvíos de recursos del erario. Al cierre de la edición ninguno de los imputados había sido capturado.
Entre los personajes que son buscados, y quienes permanecerán presos durante el proceso que se les siga, están Jesús Orta, exsecretario general de la Policía Federal (PF) y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital.
También se busca a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la PF; y Carmen Patricia Quiñonez Piña, exdirectora Adjunta de Enlace Administrativo en la División de Fuerzas Federales de la PF.
Otro imputado es Carlos Hipólito Rivera, quien estuvo en la División de Fuerzas Federales y pasó a la Guardia Nacional como director general de Servicios Especiales, cargo del que ya fue cesado.
A ellos se les imputan desvíos en la adquisición de equipo, omisiones fiscales e irregularidades en la administración de los recursos.
Las órdenes de aprehensión derivan de procedimientos concluidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.
Por el sigilo legal del caso no se han dado a conocer con precisión en qué consisten las anomalías detectadas contra los 19 hoy prófugos.
Sin embargo, se sabe de diversos procedimientos que pudieron derivar en la imputación, entre ellas, las compras hechas entre en 2013 y 2018 de equipos de inteligencia y espionaje, en los que se detectaron pagos a sobreprecio, incumplimiento de contratos y triangulaciones indebidas de recursos.
En equipo de inteligencia se habrían hecho pagos por 480 millones de pesos; en la adquisición de tres equipos de intercepción celular y una póliza de servicio y garantía, se generó un quebranto por 172.2 millones de pesos.
Por la adquisición del Sistema Rafael se generó un quebranto también millonario; igualmente hubo desvíos en el ámbito administrativo como en materia de hospedaje, comida y gastos de representación que no fueron debidamente justificados.
A Carmen Patricia Quiñonez Piña, exdirectora General Adjunta, se le adjudican también fallas en un convenio de colaboración con el ISSSTE que generó un quebranto por 278 mil 862 pesos.
Y es que se señala que omitió validar el Formato de Reporte y Validación de Servicio del Convenio de Colaboración número SEGOB/PF/CSG/DGRM/C0001-F/2014 celebrado el 31 de diciembre de 2013, entre la Policía Federal e ISSSTE.
Para Orta y coacusados no habría beneficios
Jesús Orta, considerado prófugo de la justicia, no tendrá opción de acceder a algún beneficio procesal como el criterio de oportunidad. El exsecretario de seguridad Pública de la Ciudad de México será encarcelado y, en esa condición, seguirá el proceso penal que le espera.
En la misma situación estarán 18 personas más, coacusadas junto con Orta Martínez, y contra quienes la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo hace unos días las respectivas órdenes de aprehensión.
A Orta y coacusados se les imputa un millonario desvío de recursos durante su desempeño como funcionarios de alto nivel en la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y Policía Federal.
Aunque estas personas cometieron actos similares, y casi durante los mismos años, que Emilio Lozoya en Pemex, los delitos que se les imputan son distintos.
Y es que a Lozoya se le imputa asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva oficiosa y si prevén beneficios procesales como los que ya negocia con el gobierno federal.
A Orta Martínez y coacusados se les imputa delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, el cual es considerado grave y para el cual se prevé la prisión preventiva oficiosa. A los exfuncionarios de la CNS y PF ni un amparo podría librarlos de la cárcel ni tendrán la posibilidad de seguir su proceso en libertad o negociar un criterio de oportunidad
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