Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, el gobierno federal advirtió que se revisará la legalidad y rentabilidad financiera de los contratos de producción independiente y se revocarán los permisos irregulares.
En un documento sin firma difundido en el grupo de WhatsApp oficial de Presidencia de la República se señaló que a estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) aunque no se entregue, por lo que “se termina el negocio heredado” con el que se benefició, indicó, a empresas como Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, entre otras.
Detalló que en el país existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes.
“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77mil socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad.
“Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente.
“A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue. Como se podrá observar se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”.
Corte frena inconstitucionalidad de reforma a Ley Eléctrica
En el documento se asegura que los ministros de la SCJN declararon “totalmente improcedente” la pretensión de inconstitucionalidad de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de Senadores de la República.
“También rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la Reforma es violatoria del T-MEC y otros tratados de libre comercio. Lo anterior, quiere decir que la Reforma del 9 de marzo del año pasado sigue vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades competentes".
Se afirma que los pronunciamientos establecidos por el Máximo Tribunal en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas y será el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dictará un acuerdo en ese sentido.
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