El Departamento de Estado estadounidense advirtió que la inseguridad, la informalidad, la incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos y cambios regulatorios “elevan el costo de hacer negocios en México”.
“Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, la salud financiera inestable de la compañía petrolera estatal Pemex y una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica del COVID-19, han contribuido a las incertidumbres en curso”, señaló.
En sus reporte 2021 sobre el clima de inversión en México, detalla que los esfuerzos del actual gobierno por revertir la reforma energética de 2014, incluida la ley a la industria eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como generador de energía eléctrica, “aumentan aún más la incertidumbre”.
En este informe, el Departamento de Estado evalúa la situación de 170 naciones y destaca que México se mantiene como uno los socios de inversión más importantes.
El análisis señala que en los sectores de la energía y en la gestión de las pensiones, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados.
Sin embargo, señala que los cambios, principalmente en materia energética, han llevado a empresas privadas a ampararse y a presentar demandas en tribunales mexicanos y varias están considerando el arbitraje internacional.
“Los inversionistas aumentan su preocupación y se afecta la confianza en torno a la administración mexicana por las reglas del juego, en particular en el sector energético, por la intención de debilitar la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”.
La dependencia estadounidense también denunció que existen prácticas que generan incertidumbre en las telecomunicaciones y en la aviación.
Aseguró que el gobierno mexicano pretende violar el T-MEC de concretar la incorporación del organismo independiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
También advirtió sobre la percepción de una respuesta fiscal débil ante la crisis económica generada por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 como uno de los factores que “han contribuido a las incertidumbres actuales”.
