La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al Instituto Nacional Electoral (INE) más recursos para la consulta pública sobre investigaciones a expresidentes que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Lo anterior porque la Corte declaró infundada la controversia constitucional que interpuso el INE, y, ante esto, el organismo deberá organizar con sus recursos actuales la votación del 1 de agosto, en la que los ciudadanos decidirán si quieren abrir investigaciones contra acciones de los expresidentes.
Además, la Primera Sala de la SCJN informó que no existe una obligación del Congreso para establecer “los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular“.
El fallo ocurre a menos de dos meses de que se realice la consulta popular con la que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Suprema Corte.
Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó de 870 millones de pesos a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio y esta consulta.
Por ello, el organismo electoral impugnó la realización de la consulta popular “tras estimar que con su aprobación y expedición el Congreso de la Unión violó su autonomía constitucional y presupuestaria”, según el informe de la SCJN.
El costo y la validez de la consulta de López Obrador ha recibido críticas de los opositores, quienes la tachan de un “capricho” del presidente.
En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, realizar la consulta supondría un gasto de mil 500 millones de pesos, aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos. Además, el 6 de abril, el INE propuso a la Secretaría de Hacienda mexicana la instalación de 91 mil casillas para realizar la consulta, casi 70 mil menos que las 163 mil instaladas en en las elecciones del domingo pasado.
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