La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa que no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos para mitigar los impactos de la pandemia de covid- 19, en virtud de que ello es una cuestión sanitaria.
Derivado del amparo presentado por la organización Educación con Rumbo, el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, requirió a la SEP que exhibiera de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos del coronavirus ante el regreso a clases.
Al respecto, la SEP informó que no se han instaurado medidas de protección y protocolos para el ciclo escolar 2021-2022, puesto que el referido periodo aún no inicia.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del movimiento Educación con Rumbo, señaló que la postura de la SEP además de lamentable es preocupante, pues denota la falta de coordinación entre dependencias del gobierno federal y de acciones y protocolos concretos para asegurar las condiciones indispensables para el regreso presencial a clases y dar la tranquilidad a los padres de familia que la vida y la salud de sus hijos no corre peligro.
En tanto, Miguel Ángel Ortiz, abogado Constitucionalista de la firma Cuatrecasas, destacó que la omisión de la SEP de exhibir los protocolos para el regreso a clases fue motivo suficiente para que el Poder Judicial de la Federación admitiera el amparo promovido y que permita que las autoridades reconozcan el deber de protección de los derechos humanos y expongan de manera clara, transparente y objetiva que cuentan con la capacidad, la infraestructura y los recursos para garantizar de manera plena el derecho a la vida, la supervivencia y la salud de los niños en el regreso a clases de manera presencial.
“Educación con Rumbo hace un llamado a las autoridades a actuar con diligencia y convocar a la sociedad civil a participar y aportar esfuerzos para trabajar de manera coordinada en la toma de decisiones para garantizar el interés superior de los niños y niñas de México”, finalizó la organización.
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