A diez años de la publicación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es tiempo de hacer una revisión profunda y contar con una nueva legislación, advirtió la Secretaría de Gobernación (Segob), al reconocer que el clima de hostilidad y violencia contra esos sectores prevalece en el país, con total impunidad en más del 90 por ciento de los casos.
Al inaugurar el Diálogo Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General para la Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, remarcó que “es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse (…). Lo cierto es que de manera lamentable, y tenemos que decirlo siempre con toda claridad para encarar los problemas, los problemas de violencia y agresiones a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos prevalecen”.
Encinas Rodríguez indicó que el gobierno va “en la búsqueda de una nueva ley” que genere un Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que defina con claridad el régimen de competencias, concurrencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, ya que las autoridades locales se han “desentendido” del problema.
“Actualmente el sistema federal que tenemos no solamente ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de su responsabilidades, sino que muchas de las resoluciones del actual mecanismo y de la ley, que solamente son atendibles por parte de la autoridad federal, la autoridad local se desentiende de ellas. Y queremos no solamente que tengan competencias, sino que en aquellos casos en que incurra responsabilidad cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones, las facultades y las competencias para deslindar la responsable de iniciar acciones penales contra quienes violen la ley”, enfatizó.
El subsecretario de Gobernación advirtió que el país no está solo ante un problema de falta de implementación de la actual ley, sino que “estamos enfrentando limitaciones de la actual ley, y no solamente es un asunto de presupuesto, porque en la medida que no tengamos las capacidades institucionales, la fortaleza institucional para implementar los mecanismos que se requieren para garantizar el ejercicio de estos derechos, no habrá recurso que alcance”.
En este sentido, se pronunció en favor de dejar atrás la política reactiva para avanzar en la prevención y en el combate a las causas que originan los niveles de violencia y agresión contra quienes defienden el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
Alejandro Encinas informó que la intención es que se realice una discusión pública, abierta y amplia sobre lo que debe incluir la nueva ley, para presentar una propuesta al Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre de este año.
Por su parte, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque, indicó que la nueva norma deberá establecer fundamentalmente una visión de Estado para generar una cobertura nacional y de reacción efectiva, no solamente en términos de protección, sino también con respecto a la prevención de las agresiones, “que es lo que debe prevalecer para enfrentar una situación como la que tenemos actualmente”.
Destacó que ante las exigencias de personas defensoras y organizaciones, y en cumplimiento a recomendaciones internacionales, se seguirá el ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, al integrar a la Ley general el reconocimiento pleno del derecho a defender derechos humanos en todos los rincones del país, y reiterar también el derecho a ejercer el periodismo y la libertad de expresión, en atención a lo ya estipulado en la Constitución y los tratados internacionales.
Enrique Irazoque anunció que en principio, los foros regionales se realizarán en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México, “pues queremos que en este proceso se integren voces de mujeres buscadoras que día a día promueven y exigen el derecho de toda persona a ser buscada, de las y los periodistas que cubren la nota sin importar los riesgos a los que se enfrentan en todo el país, de quienes defienden el territorio y el medio ambiente, aún y cuando su enemigo principal pueda llegar a ser la delincuencia organizada; de las colectivas que en todo México defienden el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias”.
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