Ambas reformas forman parte del paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador, incluyendo la reciente reforma del Poder Judicial, que busca redefinir aspectos clave de la vida política y social del país.
Este lunes, el Senado de México aprobó en comisiones la reforma que permitirá que la Guardia Nacional (GN), con más de 120,000 agentes, quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta decisión, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un debate sobre la posible militarización del país, mientras que el mandatario niega cualquier "militarismo" o "represión".
El dictamen, que fue aprobado por 25 votos a favor y 10 en contra, será discutido en el pleno del Senado este martes, donde se prevé su inminente aprobación. La reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, eliminando las restricciones que limitaban las funciones militares en tiempos de paz desde 1857. También se modifica el artículo 21, eliminando la garantía de que las instituciones de seguridad pública sean civiles.
Reacciones y Posturas en el Senado
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, argumentó que la reforma busca enfrentar los retos actuales de seguridad y lograr la paz en el país. Sin embargo, senadores de la oposición, como Marko Cortés del PAN, advierten que la militarización no resolverá los problemas de seguridad.
Reconocimiento de Derechos de Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Además, las comisiones del Senado aprobaron por unanimidad una reforma histórica que reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Por primera vez, los pueblos indígenas son reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La reforma también establece que las comunidades tendrán derecho a una consulta previa, libre e informada en medidas que puedan afectar su vida o entorno. También se garantiza la jurisdicción indígena, donde las autoridades comunitarias podrán ejercer sus sistemas normativos dentro del marco constitucional.
Este avance histórico beneficiará a más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas en México, en un país con una población total de 126 millones de habitantes.
Ambas reformas forman parte del paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador, incluyendo la reciente reforma del Poder Judicial, que busca redefinir aspectos clave de la vida política y social del país.
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