“está siendo cómplice de las violaciones a derechos humanos” a migrantes y solicitantes de asilo al apoyar las acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración, como es ahora la expulsión de personas bajo el Título 42, que son trasladadas vía aérea hacia el sur del país, donde se les lleva a la frontera con Guatemala, señalaron más de 50 organizaciones y activistas
En una carta pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, indicaron que en los últimos ocho días, han registrado más de seis vuelos provenientes de Estados Unidos que llegaron a Tabasco, Chiapas, Morelia y Ciudad de México, con entre 200 y 300 personas.
Señalaron que una vez en territorio mexicano son llevados posteriormente por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, a la frontera con Guatemala, “abandonándoles a su suerte sin ningún procedimiento legal ni la posibilidad de buscar asilo en México”.
Alma Migrante, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP, entre otras, manifestaron que medidas de este tipo “lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes”.
Señalaron que los testimonios de las personas que han sido expulsadas desde Estados Unidos a México “han narrado cómo al bajar del avión son llevadas por el INM a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadunidense”.
Tampoco, añadieron, hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar su interés superior como está establecido en la Ley General en la materia.
Las organizaciones refirieron que el gobierno mexicano “aceptó participar en la implementación del Título 42 desde el 21 de marzo de 2020, sólo un día después de que el gobierno estadunidense la anunció, y que se comprometió a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la Covid-19, como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia”.
No obstante, destacaron, “hemos documentado como en los vuelos hay un porcentaje importante de estas poblaciones así como de nacionalidades diferentes a las comprometidas”.
Recordaron que ayer el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló en conferencia que la estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es para que les sea más difícil volver a intentar cruzar a este país. “Una declaración alarmante pues no sólo coloca en su gobierno la responsabilidad de proteger la vida de esa población, sino que lo hace cómplice de las violaciones del derecho al asilo, del principio de no devolución y acepta la externalización de la frontera del gobierno estadunidense”.
En la misiva, expusieron que el gobierno mexicano ya ha demostrado “que puede rectificar, por lo que no podemos repetir lo sucedido con más de 72 mil personas regresadas a México bajo el Protocolo ‘Quédate en México’ o MPP, vigente de enero de 2019 a enero de 2021, que las colocó como carne de cañón de secuestros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte”.
Ante este panorama, pidieron al gobierno federal no repetir “los mismos errores y volver a permitir incalculables impactos en la salud física y emocional de quienes huyen de su país para salvar su vida”. Llamaron a replantear la participación de México “en acciones contrarias a nuestra Constitución”.
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