Los servicios de protección otorgados en el caso de la saxofonista María Elena Ríos se ciñen al riesgo que enfrenta como defensora de derechos humanos y no como víctima, informó este miércoles la Secretaría de Gobernación.
Después de que su esquema de protección se haya levantado en la Ciudad de México para concentrarse solo en el estado de Oaxaca, su situación como víctima del delito tendrá que ser valorada por las autoridades de justicia estatales, indicó la dependencia en un comunicado.
El informe fue emitido después de que la joven agredida con ácido sulfúrico denunciara en redes sociales que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México le reduciría las medidas cautelares que le había proporcionado.
El comunicado, recién publicado por la Segob, explica que la saxofonista es beneficiaria del Mecanismo de Protección desde julio de 2021 y que su esquema de protección estaba vigente originariamente en la Ciudad de México y Oaxaca.
Luego de que la Junta de Gobierno del Mecanismo revaluara su situación de riesgo en marzo de este año y al tomar en cuenta las particularidades del caso, decidió concentrar las medidas de protección en Oaxaca.
Según se afirma, Ríos ejerció su derecho de recurrir a dicha determinación y el pasado 27 de mayo, la junta confirmó su implementación.
María Elena Ríos visita Palacio Nacional
María Elena Ríos, fue atacada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019, presuntamente por órdenes de su expareja sentimental, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La joven se presentó este martes en el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República para denunciar los supuestos sobornos por parte de la familia de su atacante para sacarlo de la cárcel.
También expresó sentirse amenazada e intimidada por Juan Antonio Vera Hernández, hijo de su agresor, quien sigue libre.
Ríos afirmó que insistirá en ver al presidente López Obrador, pues tampoco ha contado con apoyo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
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