Claudia Sheinbaum exige la extradición de ‘El Mini Lic’, pese a su acuerdo con EE.UU. El capo es clave en el caso Valdez y el Cártel de Sinaloa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este jueves que su gobierno insistirá en la extradición de Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", pese a que el presunto narcotraficante alcanzó un acuerdo judicial con autoridades de Estados Unidos tras declararse culpable por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo.
“Vamos a seguir insistiendo en la extradición de todos los delincuentes que hemos solicitado”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. También criticó duramente los acuerdos que el gobierno estadounidense ha alcanzado con miembros del crimen organizado, señalando una aparente contradicción en su política.
“El gobierno de EE.UU. ha calificado como terroristas a algunas organizaciones criminales y ha declarado que no negocia con ellas. Entonces, deben explicar por qué en este caso sí se llega a un acuerdo”, cuestionó.
Dámaso López Serrano, hijo de uno de los ex lugartenientes de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2017. Tras cooperar como testigo protegido, fue liberado bajo ciertas condiciones en 2022, aunque fue detenido nuevamente en diciembre de 2024.
El historial de López Serrano incluye:
- Tráfico de fentanilo, delito por el cual se declaró culpable en una corte federal de EE.UU.
- Ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez en 2017.
- Ser un testigo clave del gobierno estadounidense, aportando información sobre el Cártel de Sinaloa y su conflicto interno con la facción de Los Chapitos.
El contexto actual es de tensión en Sinaloa, donde la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha dejado más de mil muertos desde septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. En ese mismo año, Washington designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista.
México solicitó formalmente la extradición de López Serrano en 2022, pero el proceso se ha detenido debido a su papel como informante protegido por EE.UU. El gobierno mexicano insiste en que debe responder ante la justicia nacional, sobre todo por su vinculación con el asesinato del periodista Valdez.
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