La asociación civil de Análisis y Acción para la Justicia Social, presentó ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México una solicitud de preliberación de personas privadas de la libertad en centros de reclusión, para garantizar su derecho a la salud e integridad ante la crisis sanitaria por el coronavirus.
La solicitud fue presentada el pasado 30 de marzo, con la cual buscan la preliberación por política penitenciaria, con base en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que contempla que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de personas sentenciadas.
Esta medida aplica a personas que no hayan cometido delitos con violencia o que ameriten prisión preventiva oficiosa; que tengan penas menores a cinco años; que sean personas mayores, tengan una enfermedad crónico-degenerativa o terminal; que puedan recibir amnistía por parte del Estado o cuyo encarcelamiento no contribuya más a la reinserción social o prevención de reincidencia.
Dicha petición contempla su aplicación en los 13 penales de la capital, los cuales cuentan con una población aproximada de 24 mil 850 personas privadas de la libertad.
La asociación civil recordó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó en sus observaciones finales a México que los centros penitenciarios tienen como característica principal el hacinamiento y sobrepoblación.
Mientras que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala carencias en centros penitenciarios en la ciudad, como falta de atención a la salud, falta de instalaciones apropiadas, sobrepoblación, violaciones a una estancia digna, insuficiencia de personal, ingobernabilidad y autogobierno y otras violaciones sistemáticas a derechos humanos.
La medida que la organización solicita garantizaría la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión, combatiría el hacinamiento que podría derivar en un contagio masivo, argumentó.
Asimismo, sería una señal de atención al llamado de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que el 25 de marzo señaló en un comunicado la urgente necesidad de atender de forma integral y transparente a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad y llamó examinar la manera de poner en libertad a personas especialmente vulnerables ante el COVID-19.
Mencionó que a nivel internacional en países como Irán, Estados Unidos, Afganistán, Etiopía y Colombia esta medida ha sido tomada -con sus propias particularidades- atendiendo a la necesidad de evitar o reducir contagios, hechos violentos y muertes en penales por Covid-19.
Mientras tanto, países como Brasil, Perú, Chile, Argentina, Sri Lanka y Tailandia han registrado contagios, motines, fugas, protestas y muertes ante la falta de información, medidas especiales en centros de reclusión y protección de los derechos de personas privadas de la libertad.
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