Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por lavar al menos 239 millones de pesos de procedencia presuntamente ilícita, a través de empresas fachada.
Según el expediente 2019/SEDENA/DE213 y su acumulado DGDI/DI-B/SEDENA/ 049/2019 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre los militares investigados están Jorge Luis A. R., capitán ingeniero constructor, y Rafael Alejandro G. H., coronel ingeniero constructor.
La indagatoria se conoció a través de extracción de información de la Sedena hecha por el grupo Guacamaya.
Según los documentos, la indagatoria inició en 2019 cuando la UIF identificó una serie de transacciones realizadas por Jorge Luis A. R., de 44 años, a través de empresas fachada.
Las principales son Sinergia Integral Cristowen, con domicilio fiscal en Coacalco, Estado de México; y Contacto Wimea, con domicilio fiscal en la calle Presidente Masarik, en Polanco.
“En el periodo comprendido entre los años 2017 a 2019 Jorge Luis A. R. recibió de diversas personas morales depósitos por cantidades elevadas de dinero, mismas que ascienden a cientos de millones de pesos”, dice el informe de presunta responsabilidad administrativa 019/2021.
Puntualizó que, entre 2013 y 2018, Jorge Luis A. R. percibió, por concepto de salario como militar, 3 millones 243 mil 442 pesos, pero entre 2017 y 2019 vio incrementados sus ingresos en forma exponencial. “A partir del mes de julio de 2017, Jorge Luis A. R. ha presentado un incremento desmedido de recursos financieros, es decir, el aumento a su patrimonio se efectuó en 7,386% en relación con sus ingresos como servidor público”, dijo.
En ese lapso se le identificaron cinco cuentas bancarias, dos de ellas en Bancoppel, estas últimas usadas en la trama de lavado.
Agrega que los movimientos se hicieron en 12 entidades, a través de empresas de reciente creación, también conocidas como empresas de papel. Y es que, como parte de la investigación, se detectó que dichas firmas presentan un mismo patrón: movimientos rápidos de fondos y poca permanencia de los activos en sus instrumentos financieros.
Según el reporte de la UIF (que derivó en el inicio de una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Justicia Militar), del 1 de julio de 2017 al 17 de junio de 2019, el soldado Jorge Luis A. R. recibió 239 millones 573 mil 946 pesos, a través de 91 abonos SPEI de cinco empresas fachada.
A su vez, el militar realizó 70 traspasos entre cuentas propias e hizo depósitos a terceros, entre militares y civiles, que también son investigados.
En el informe también se menciona a Rafael Alejandro G. H. como sujeto a investigación por delitos graves, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, entre las empresas que se mencionan en el informe, a través de las cuales se hizo el movimiento del capital, están: Comercializadora de Bienes y Servicios Martín, Distribuidora de Materiales para la Construcción, así como Bienes y Servicios Comercializados Eis, Distribuidora Kroma, Reja y Derivados y Touche Motors.
Es la Fiscalía de Justicia Militar la encargada de determinar si el caso se judicializa o no, aunque en el informe no se precisa si eso ya ocurrió. Tampoco se menciona si los militares están o no detenidos.
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