El Gobierno de México está considerando una revisión del procedimiento de justicia penal en casos de derecho tributario que ampliaría enormemente los poderes de los fiscales, incluida la autorización para monitorear llamadas telefónicas y correos electrónicos, según un borrador de la legislación visto por Bloomberg News.
El proyecto de ley eliminaría una prohibición constitucional contra la vigilancia de comunicaciones privadas en investigaciones fiscales, así como en casos relacionados con delitos electorales, según el borrador. Ese cambio constitucional requeriría una mayoría de dos tercios en el Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
Permitiría igualmente a jueces considerar evidencia obtenida ilegalmente y a las autoridades detener a personas por hasta 40 días antes de presentar cargos. Ese poder se limita actualmente solo a casos de crimen organizado.
El Gobierno ha dicho que planea modificar ampliamente el sistema de justicia penal del país después de que la tasa de asesinatos en México alcanzara un récord el año pasado y dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a México para que aplique mano dura a los cárteles de la droga.
Un funcionario del Gobierno, que solicitó el anonimato porque no está autorizado a hablar con la prensa, confirmó que el documento visto por Bloomberg News era un borrador oficial. Un portavoz de la Fiscalía General de la República no hizo comentarios sobre el borrador y dijo que el proyecto de ley oficial se presentaría a principios de febrero.
El fiscal general de México debía presentar el proyecto de ley de reforma del procedimiento penal a los diputados el miércoles, pero la presentación fue pospuesta. Versiones del proyecto de ley se filtraron a los medios a principios de semana y grupos mexicanos de derechos humanos se quejaron de que la aprobación en su forma actual podría conducir a abusos por parte de las autoridades.
Roberto Gil, abogado y antiguo diputado del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que las reformas se complementaban con otras reformas impositivas recientes y podrían usarse contra compañías mexicanas y contra empresas extranjeras que operan en México.
Grupos empresariales han acusado al Gobierno de imponer un régimen de “terrorismo fiscal” luego de que diputados aprobaron reformas el año pasado que otorgan a las autoridades el poder de imponer a evasores de impuestos cargos de crimen organizado, encarcelar a presuntos delincuentes mientras esperan su juicio y confiscar activos sin órdenes judiciales.
“Estamos viendo una tendencia a fortalecer la capacidad del Estado para castigar a los contribuyentes”, añadió Gil. “Es el uso de instrumentos de terror por parte del Estado para crear una recaudación de impuestos más eficiente”.
México tiene el recaudo tributario más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el presidente Andrés Manuel López Obrador espera aumentar la recaudación para financiar nuevos programas sociales de apoyo a la población pobre del país.
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