Autoridades federales dieron a conocer que ocho ex trabajadores y actuales empleados del ISSSTE fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el pago irregular de 830 millones de pesos a una empresa particular, lo cual derivó en un daño al patrimonio de la dependencia.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pago se realizó de manera ilícita y “El monto de la transacción con recursos públicos asciende a más de 830 millones de pesos, luego de que una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la Institución y probablemente hicieron un pago doble”.
Debido a esto, el Ministerio Público de la Federación inició una investigación en contra de Juan “L”, Sebastián “L”, Juan “A” y Javier “M”, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de Servicio Público, ya que actualmente, y al momento de la transacción, se encontraban laborando para el Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado.
Aunque estos cuatro sujetos no habrían participado de manera directa en el pago doble, se les vinculó a la investigación por no haber defendido los intereses de la dependencia, pues habrían omitido el aviso oportuno a las autoridades sobre lo ocurrido.
Por su parte, Sebastián “L”, quien presuntamente se encontraba empleado en el ISSSTE sin cumplir los requisitos necesarios para su cargo, también será vinculado a proceso; al igual que Juan “A”, quien habría sido el autor material del pago, pues tenía en su poder los medios y el encargo para hacerlo.
De la misma forma “se vinculó a José “T”, Marx “O”, Sandy “T” e Irma “M”, por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal”, informó la FGR.
A pesar de la cantidad millonaria involucrada en el caso, a los trabajadores del ISSSTE vinculados a proceso no se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pues el delito por el cual se les imputa no está considerado como grave.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC), encargada de la investigación del caso, no informó de acusaciones por delitos adicionales a los servidores públicos en el comunicado original, pues debido a la naturaleza de los hechos, se les podría vincular a enriquecimiento ilícito o similares.
La medida cautelar impuesta por el juez que se encarga del caso contempla la presentación mensual de los individuos ante las autoridades judiciales, “así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Se decretó tres meses de plazo para la investigación complementaria”, según lo informado por la FGR.
De acuerdo con información de Animal Político, los hechos sucedieron durante la administración de Luis Antonio Ramírez Pineda en el actual sexenio, pues las omisiones y falta de atención al caso, así como el poco acato a las normas habrían provocado que el ISSSTE perdiera un juicio mercantil que inició en 2018, el cual resultó en que se pagara doble a la empresa Selecciones Médicas del Centro, la cual se encuentra ligada al Grupo Fármacos Especializados.
Las investigaciones de la Fiscalía habrían derivado en señalamientos de dolo, pues habrían incurrido en omisiones jurídicas y administrativas que derivaron en el nulo aviso sobre la realización de un pago doble por 831 millones de pesos.
