Ciudad de México.- Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue señalada en la cadena de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” cometidos por las autoridades en las estaciones migratorias.
En su carácter de presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la ombudsperson fue acusada de no cumplir con sus obligaciones “en materia de derechos humanos, particularmente de prevención de la tortura y otros malos tratos”.
Al promover una demanda de amparo para que se garantizara el suministro básico de agua en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) —órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación— denunció la omisión de Piedra Ibarra en las visitas de inspección en estos centros, a fin de constatar las condiciones en que se encuentran los extranjeros privados de su libertad.
“Es necesario que la actuación de dicho órgano multidisciplinario (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) incida positivamente en el combate efectivo y la prevención de la tortura y los malos tratos en el país”.
“Considerando que estas violaciones a derechos humanos son sistemáticas y generalizadas, es crucial el cumplimiento de sus obligaciones, pues tiene alcance nacional”, enfatizó.
A un juez federal, el asesor jurídico Especializado en Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del IFDP, Miguel Ángel Galarza, destacó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con “amplias facultades” para realizar visitas de inspección, “de forma permanente y sistemática”, a las estaciones migratorias.
“Como ninguna otra institución u organización cuenta con amplísimas facultades, no solo para ingresar sin previo aviso a los centros de detención, sino también para acceder a sus archivos y registros”, subrayó al remitir al artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Además, abundó, el reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establece que también deberá presentar quejas “y hará del conocimiento de las autoridades competentes cuando esté ante un posible caso de tortura o malos tratos”.
La Defensoría Pública sostuvo que si Rosario Piedra, como máxima autoridad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es omisa en sus obligaciones, las consecuencias que se “acarrean” son graves.
“De cumplir con sus obligaciones, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura puede convertirse en un verdadero garante de los derechos de las personas privadas de libertad”, recalcó.
El asesor jurídico público destacó que tratándose de personas que se encuentran en centros de detención, “al carecer de las garantías básicas para asegurar derechos civiles, económicos, sociales y culturales, surge un riesgo cierto de que se vulneren otros derechos, como el de la integridad física y a ser tratada con dignidad”.
Aunque Rosario Piedra negó estas acusaciones, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Francisco Rubín de Celis Garza, dio la razón en estos señalamientos al IFDP.
“La autoridad responsable presidenta de la CNDH, en su carácter de presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por conducto de quien la representa, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama”.
“Sin embargo, de las documentales que anexó el quejoso (IFDP) a su demanda de amparo, así como las remitidas por la referida responsable en términos del (artículo) 75 de la Ley de Amparo, se advierte la existencia del mismo; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado”, detalla la resolución del pasado 30 de marzo.
Riña en Chihuahua
Indigentes y migrantes se disputan un edificio en Ciudad Juárez, por lo que este lunes tuvieron una trifulca durante la cual el inmueble fue quemado y hubo dos heridos.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 15 horas el servicio de emergencias 911 recibió varias llamadas que alertaban de un “incendio en proceso” en un edificio ubicado en la avenida Vicente Guerrero, que antiguamente funcionó como sede del Canal 5 de televisión.
Agentes policiacos corroboraron los reportes y controlaron la situación junto con paramédicos. Según versiones, un par de venezolanos fueron arrojados del segundo piso y ahí comenzó el intercambio de golpes.
Autoridades señalan que los indocumentados usan el inmueble para habitar, mientras que los indigentes para consumir droga y como escondite.
Temas relacionados:
