En plena Mañanera del 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum sacó un tema que encendió el ambiente, acusando que varios agricultores no usan el agua que se les concesiona y, en cambio, la revenden a municipios, generando ingresos que rondan los 300 millones de pesos.
Según lo expuesto, algunos productores poseen un exceso de concesiones de agua, más de las que realmente necesitan, y eso les habría permitido convertir el recurso público en negocio privado.
Sheinbaum fue clara al decir que el cambio de ley busca frenar el acaparamiento del agua para uso de unos cuantos, asegurando que estos beneficios se están revisando a fondo. Comentó que muchos de los concesionarios, lejos de usar el agua para cultivo como marca la ley, la venden y se enriquecen, mientras que otras comunidades padecen escasez.
“La idea es poner orden, que ya no existan privilegios sobre el agua. Donde no hay agua, puede haber agua”, señaló la mandataria al explicar que buscan corregir prácticas que han permanecido por años sin regular.
Protestas, bloqueos y un diálogo que no avanza
Mientras el discurso avanza desde Palacio Nacional, afuera el panorama es distinto: productores agrícolas y transportistas bloquean carreteras, presionando para que se revisen precios de garantía para el maíz y otros acuerdos. Gobernación llamó a sentarse a dialogar para evitar afectaciones, pues los cierres limitaban el libre tránsito y el paso de productos esenciales para las comunidades.
El gobierno dice estar dispuesto a escuchar todas las demandas legítimas, pero también marca límites: no se pueden prometer recursos que no existen y las manifestaciones no pueden perjudicar a terceros. Aun así, los grupos inconformes rechazaron las mesas de trabajo y mantuvieron los bloqueos, lo que ha endurecido el conflicto.
Funcionarios de diversas dependencias —Agricultura, Conagua, Economía, Seguridad y más— se reunieron con líderes del movimiento, pero no hubo acuerdo suficiente para liberar vías ni generar un diálogo estable. El choque entre ambas partes sigue, y el debate sobre el agua, el maíz y los privilegios rurales promete escalar todavía más.
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