Puebla, Pue.- Las campañas adelantadas realizadas por aspirantes a diversos cargos de elección popular podrían erosionar la legitimidad de un proceso electoral que aún no ha comenzado oficialmente, ya que estas acciones han causado desgaste y hartazgo en la sociedad, según ha señalado la politóloga Claudia Ramón Pérez de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Ramón Pérez advierte que se percibe un sentimiento de rechazo en la población debido a la persistente violencia y la violación de las leyes electorales en este periodo previo a las elecciones. Subraya que el rechazo debería dirigirse hacia los candidatos y los partidos políticos, en lugar de la política en sí, que tiene un alcance más amplio y trascendental.
La experta señala que esta situación ha generado un mal sabor de boca y una mala impresión entre la población, dado que las calles se encuentran saturadas de espectaculares y bardas promocionales cuyos costos y fuentes de financiamiento no están transparentes. Además, destaca que esta proliferación de anuncios causa contaminación visual y plantea la interrogante sobre el origen de los recursos utilizados para financiar estas campañas.
Claudia Ramón Pérez resalta la falta de recursos para temas prioritarios como la atención médica y medicamentos, lo que hace cuestionar de dónde proviene el financiamiento para las campañas electorales. Ante esto, la politóloga sugiere que los ciudadanos deben actuar como auditores y analizar cuidadosamente quiénes son los candidatos que promueven la transparencia y la rendición de cuentas.
La experta alerta que las autoridades son conscientes de las violaciones a la ley electoral y juegan con estas circunstancias. Sin embargo, plantea que la aplicación de sanciones y la imposición de orden podrían contribuir a reducir el exceso visual y publicitario que prevalece en el entorno urbano.
La politóloga hace un llamado a la autoridad electoral y a los ciudadanos para que estén atentos y exijan el cumplimiento de la ley durante el proceso electoral. Además, enfatiza que las violaciones a la ley y la falta de cumplimiento de los compromisos de campaña podrían llevar al desbordamiento de las instituciones y minar la confianza en el sistema político.
