La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este viernes durante su conferencia conocida como “la mañanera del pueblo”, en contra de las polémicas declaraciones del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, quien pidió a la policía municipal abatir a presuntos delincuentes armados sin contemplaciones.
Con un mensaje firme, Sheinbaum calificó como errónea e inaceptable la postura del edil, subrayando que México es un Estado de Derecho donde el combate a la criminalidad debe seguir el marco jurídico.
El respeto al Estado de Derecho es innegociable: Sheinbaum
“Está mal. En México existe un sistema penal acusatorio que exige la apertura de carpetas de investigación y la realización de detenciones en flagrancia, acompañadas de pruebas sólidas que permitan determinar la culpabilidad o inocencia”, explicó la mandataria.
También se opuso a cualquier intento de retomar la “guerra contra el narco”, señalando que este enfoque ya ha tenido consecuencias devastadoras para el país. “Regresar a esa estrategia no es opción”, afirmó tajante.
El origen de la controversia: declaraciones del alcalde Carlos Manzo
El conflicto surgió tras las afirmaciones del alcalde independiente de Uruapan, quien el 21 de mayo llamó a los elementos policiacos a usar fuerza letal sin titubeos ante presuntos criminales que disparen o agredan a la ciudadanía.
Manzo aclaró en entrevistas posteriores que su propuesta no busca promover la violencia indiscriminada, sino responder con firmeza a ataques directos, argumentando que la inseguridad en la región se ha intensificado. “Si hay una célula delictiva agrediendo a civiles, hay que neutralizarlos”, sostuvo.
Manzo: entre el respaldo y la crítica por sus políticas de seguridad
Desde su llegada al cargo en septiembre de 2024, Carlos Manzo ha implementado acciones radicales para enfrentar al crimen organizado. Entre ellas destaca un operativo aéreo en el que ordenó disparar desde un helicóptero contra presuntos delincuentes, medida que ha desatado tanto apoyo como duras críticas por el presunto uso excesivo de la fuerza.
El debate sobre la legitimidad de este tipo de medidas continúa, mientras el Gobierno Federal reitera su compromiso con la legalidad y los derechos humanos en el combate a la delincuencia.
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