Durante este sábado, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Julio César Serna, quien fue uno de los funcionarios más cercanos a la administración de Miguel Ángel Mancera cuando éste fungió como Jefe de Gobierno de la capital del país.
De acuerdo con el organismo gubernamental, se acusa a Serna por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Además, el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) mencionó que los elementos de seguridad detuvieron al supuesto implicado pasadas las 21:00 horas.
Fue hace un tiempo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió dos carpetas de investigación en contra de los funcionarios incondicionales del hoy senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD): los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez.
En cuanto el segundo, quién fue arrestado esta noche, se sabe que fungió como coordinador general y administrador de la Central de Abastos, el mercado más grande de América Latina y de millonarias operaciones al día; sin embargo, en 2016 Macera le encargó la coordinación de gabinete de su gobierno.
Tal era su cercanía con Mancera que, incluso, se dirigía a él como “hermano”, pues desde que eran niños, los Serna Chávez invitaban al ex mandatario capitalino a su casa a jugar y ver televisión, debido a que en la vivienda de éste (en la colonia Anáhuac, donde vivía con su madre) no alcanzaba para tener un aparato propio, según ha contado él mismo en entrevistas.
Más tarde, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCG-CDMX) encontró que en las declaraciones patrimoniales de Julio César y Luis Ernesto, -durante abril de 2018- no reportaron la propiedad de al menos nueve inmuebles (casas y departamentos) adquiridos y remodelados en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.
El semanario Proceso mostró en una investigación realizada en su edición 2293 que Julio César habría omitido reportar siete propiedades, mientras que su hermano Luis Ernesto no registró dos. La suma de todas llegaría a los 30 millones de pesos.
Según los informes, resulta prácticamente imposible que los Serna Chávez compraran esas propiedades con sus sueldos de servidores públicos en la nómina del gobierno capitalino en la que desempeñaron diversos cargos. Por ello, además de una falta administrativa, era factible que en la denuncia en su contra se les imputara el delito de enriquecimiento ilícito.
Para septiembre de 2019, Julio César fue inhabilitado por diez años para trabajar en el servicio público, pues la SCG-CDMX encontró irregularidades durante su administración en la Central de Abasto y le dio visto a la Fiscalía por la comisión de un delito.
Durante 2020, los “hermanos de Mancera” promovieron amparos contra cualquier orden de aprehensión o de detención que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscara ejecutar en su contra.
A Miguel Ángel Mancera se le acusa por presunto desvío de recursos por más de 1,500 millones de dólares en los que estarían implicados 35 ex funcionarios de su administración.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó en febrero de 2021 que hasta ese entonces se habían detenido a 12 sospechosos del ilícito y se encuentran abiertas 23 carpetas de investigación sobre el tema.
De acuerdo con Milenio, entre los ex servidores públicos señalados se encuentran personas con cargos de secretarios, subsecretarios, delegados, diputados, entre otros.
La funcionaria explicó que se investigaron y procesaron “hechos graves de corrupción de funcionarios de la anterior administración que rebasan los límites de la responsabilidad individual, hemos reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas públicas y privadas”.
Sobre todo, las investigaciones develaron la implantación y operación de una maquinaria de desvío sistemático de miles y millones de recursos de la hacienda pública de la Ciudad de México, informó el medio mexicano.
Godoy también resaltó que las acciones por las que se señala a los ex funcionarios no fueron producto de un error humano. Más bien, se trató de una serie de “actos planeados y ejecutados con conciencia plena de su ilicitud”.