Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, excandidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, fue detenido en Houston, Texas, por su presunta responsabilidad en un esquema de fraude, así como por “fomentar e inducir la inmigración ilegal”.
En un comunicado, el Departamento estadounidense de Justicia informa que Cecias Rodríguez, de 51 años, fue detenido junto con su socia Karina Hernández. Señala que Cecias, de acuerdo con documentos judiciales, es dueño de Mobile Coatings Management (MCM) y copropietario y presidente de Uberwurx, con el nombre de RhinoPro, una empresa de revestimiento de lechos de camiones y accesorios para camiones. En cuanto a Hernández, de 41 años, se le señala como copropietaria de Texas Franchise and Business Consulting (TFBC). TFBC se dirige y comercializa principalmente a ciudadanos mexicanos interesados en iniciar negocios en Texas.
El comunicado detalla que el excandidato -quien perdió las elecciones en junio pasado- usaba Uberwurx “como un mecanismo para que los inversores obtuvieran visados E-2 para entrar legalmente en Estados Unidos”. Ese tipo de visa, continuó, “está reservado para empresarios extranjeros que les permite trabajar dentro de Estados Unidos sobre la base de una inversión sustancial en una empresa de buena fe”.
Según la acusación, Martínez y Hernández trabajaron “para comercializar y vender la franquicia Uberwurx a inversores de nacionalidad mexicana, pero no realizó muchos pagos garantizados a los inversores. La empresa de Martínez, MCM, gestionó las franquicias Uberwurx en lugar de que lo hicieran los inversores, violando así los requisitos del visado E2. Martínez dio instrucciones a los inversores para que omitieran en sus solicitudes de visado E2 el hecho de que MCM gestionaba las franquicias”. Este esquema se repitió con al menos 120 inversores diferentes entre enero de 2017 y diciembre de 2021, con pérdidas por más de 30 millones de dólares.
Ambos detenidos están acusados “de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de fomentar e inducir la inmigración ilegal para obtener un beneficio privado”.
En caso de ser declarados culpables, Rodríguez y Hernández se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y a un máximo de 10 años de prisión por cada uno de los cargos de fomento de la inmigración ilegal.
Será un juez del tribunal federal de distrito quien determine la sentencia. El comunicado indica que el Buró Federal de Investigaciones también está investigando el caso.
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