La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación penal contra María Amparo Casar, académica y actual presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones relacionado con el cobro de una pensión vitalicia a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la autoridad federal, la carpeta fue judicializada desde septiembre de 2025, por lo que no se trata de una acción reciente, como se difundió en algunos espacios. La FGR explicó que el Ministerio Público Federal revisa la integración del expediente para verificar que se haya actuado conforme a derecho.
Además, la institución subrayó que el asunto se llevará sin sesgos políticos y únicamente bajo el marco jurídico, en respuesta a versiones que señalan una supuesta actuación “por consigna”. El mensaje fue claro: el proceso sigue su curso legal y no responde a presiones externas.
El caso Márquez Padilla y el origen del conflicto por la pensión
El llamado caso Márquez Padilla tiene su origen en 2004. Ese año, César Márquez Padilla, entonces esposo de Amparo Casar, ingresó a Pemex el 1 de junio y falleció el 7 de octubre tras una caída desde el piso 12 del edificio A de la sede central de la petrolera. En su momento, los peritajes de la entonces PGJDF clasificaron el hecho como suicidio.
Doce días después del fallecimiento, se solicitó la pensión post mortem, y desde enero de 2005 Casar comenzó a recibirla. El tema se mantuvo sin mayor controversia durante años, hasta que en 2024 Pemex suspendió el pago, lo que detonó una batalla legal.
Un juez federal ordenó reactivar provisionalmente la pensión, argumentando que, mientras no existiera una resolución firme, el derecho debía mantenerse, obligando a Pemex a reintegrar el pago de manera temporal. A partir de ahí, el conflicto escaló a vías civiles, administrativas y ahora penales.
Persecución política o proceso legal: el debate que rodea el expediente
La FGR sostiene que existen indicios de posibles trámites irregulares para obtener o conservar la pensión, lo que motivó la apertura de la investigación penal y la citación a audiencias de imputación. En algunas versiones periodísticas también se menciona a dos hijos de Casar, aunque el expediente sigue en análisis.
Del otro lado, Amparo Casar y MCCI han denunciado una presunta persecución política, enmarcando el caso en la confrontación con el Gobierno de México y la llamada Cuarta Transformación (4T). El tema ha trascendido fronteras y ha generado cobertura internacional, donde se discute tanto la legalidad de la pensión como la oportunidad de la acción penal.
Hoy, el expediente avanza en múltiples frentes procesales y su desenlace dependerá de pruebas documentales, administrativas y periciales. Será la autoridad judicial la que determine si la imputación se confirma o se cae, mientras el caso sigue generando debate político y mediático.
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