La Secretaría de la Función Pública(SPF) emitió un comunicado en el que informa sobre la inhabilitación de Luis Videgaray, quien no podrá ocupar ningún cargo público durante un periodo de 10 años debido a que se acreditó la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En comunicado, la dependencia explica que dicha decisión fue determinada el 11 de mayo pasado, pero por cuestiones de los comicios del 6 de junio, y por la veda electoral, no había sido anunciada, aunque ya se le había notificado a el que fuera secretario de Estado en el gobierno de Peña Nieto.
“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis “V”, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público.
El involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal.
Desde la Secretaría de la Función Pública se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, informa el texto.
En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló ante un juez federal al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber participado en los supuestos sobornos a legisladores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, como la energética.
El señalamiento fue hecho en la audiencia judicial en la que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, acusado de ser uno de los legisladores que recibió estos sobornos, derivados de los pagos ilegales realizados por la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con Animal Político.
La imputación deriva de la denuncia que presentó en agosto del año pasado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción, pero al ser testigo colaborador de la Fiscalía, se encuentra en libertad.
De acuerdo con autoridades ministeriales, los fiscales de la FGR detallaron ante el juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, la operación en el sexenio pasado de una presunta “asociación delictuosa” entre funcionarios federales y legisladores.
En esta trama estarían implicados desde el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray, hasta los exsenadores Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vega Casillas.
Siempre de acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, los fiscales de la FGR señalaron que Odebrecht habría pagado -entre 2013 y 2014- cerca de 120 millones de pesos en sobornos al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con contratos.
Con ese dinero, entregado al exdirector de Pemex, Peña Nieto y Videgaray Caso habrían ordenado que se distribuyera entre diversos legisladores para aprobar las reformas estructurales promovidas por el exmandatario priista.
Los fiscales sostuvieron ante el juez que a partir de la denuncia de Emilio Lozoya, han reunido datos de prueba suficientes (como videos, documentos y recibos) que confirmarían que sí existió esta asociación delictuosa. Entre esos datos estaría la declaración ministerial de Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado, quien admitió haber recibido y entregado maletas con millones de pesos en efectivo por órdenes de Jorge Luis Lavalle.
Hasta el momento, el exsenador panista Lavalle Maury, es el primer imputado judicialmente y encarcelado por este hecho, pero de acuerdo con la FGR, continuarán las imputaciones contra más personas en las próximas semanas y meses.
