La diferencia en el avance de procesos legales contra exgobernadores volvió a generar atención en México. Mientras Javier Rocha Moya permanece sin investigaciones formales abiertas tras dejar el gobierno de Sonora, el caso de Maru Campos avanza en el Congreso de Chihuahua con un procedimiento de desafuero.
El contraste entre ambos expedientes ha provocado cuestionamientos sobre los criterios y ritmos con los que se aplican acciones legales contra exfuncionarios en distintos estados del país. En el caso de Chihuahua, el proceso legislativo ya tiene etapas definidas y mantiene presión política sobre la exmandataria panista.
El proceso de desafuero contra Maru Campos en Chihuahua
Maru Campos, exgobernadora de Chihuahua entre 2021 y 2026, enfrenta un procedimiento impulsado desde el Congreso local para retirar su fuero constitucional y permitir que pueda ser sometida a procesos penales ordinarios.
Las acusaciones giran alrededor de presuntas irregularidades administrativas y posibles actos relacionados con corrupción o malversación de recursos públicos. Hasta ahora, el Poder Legislativo estatal mantiene en análisis las solicitudes y los pasos legales correspondientes.
El desafuero representa un mecanismo constitucional que permite retirar la protección jurídica especial a funcionarios o exfuncionarios para que puedan ser investigados y juzgados penalmente.
Qué implica el retiro del fuero constitucional
En términos legales, el desafuero no significa una sentencia ni una declaración automática de culpabilidad. Se trata de un procedimiento legislativo que abre la puerta a investigaciones judiciales formales sin la protección del cargo público.
Para que el proceso avance en Chihuahua, el Congreso estatal requiere una mayoría calificada de diputados locales. En caso de aprobarse, la Fiscalía correspondiente podría continuar con acciones penales en tribunales ordinarios.
El tema ha tomado relevancia política debido al impacto que tendría sobre una exgobernadora y figura importante del Partido Acción Nacional en el estado.
Rocha Moya permanece fuera de investigaciones públicas
En contraste, Javier Rocha Moya, exgobernador de Sonora, no enfrenta investigaciones formales conocidas públicamente desde que concluyó su administración en 2021.
Aunque durante y después de su gestión existieron señalamientos y críticas públicas relacionadas con su administración, no se han anunciado procesos judiciales coordinados a nivel estatal o federal en su contra.
La ausencia de procedimientos visibles ha generado comparaciones con otros casos de exmandatarios donde las investigaciones avanzan con mayor rapidez o presión política.
Diferencias en el tratamiento de exfuncionarios en México
El contraste entre ambos casos refleja cómo las investigaciones contra exgobernadores y funcionarios públicos pueden desarrollarse de forma distinta dependiendo del contexto político y jurídico de cada entidad.
Mientras en Chihuahua existe un procedimiento legislativo activo, en Sonora no se reportan acciones penales formales contra Rocha Moya. Esa diferencia ha abierto debate sobre la aplicación de mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en México.
Por ahora, el Congreso de Chihuahua mantiene el foco sobre el caso de Maru Campos, mientras el nombre de Rocha Moya continúa sin movimientos legales públicos relevantes.
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