Puebla, Pue. La nueva Ley de Educación de Puebla, enviada al Congreso local por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, abre la puerta a que universidades públicas sean fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como el mandatario estatal lo ha buscado desde el año pasado, pues en ella se establece que estas instituciones deberán colaborar para que instancias fiscalizadoras verifiquen la correcta aplicación de los recursos que se les destine por parte del Ejecutivo.
La iniciativa de reforma que fue aprobada apenas este día por la Comisión de Educación, señala en el artículo 121 de la ley que en caso de que los recursos que reciban universidades públicas sean utilizados con otra finalidad, se buscarán fincar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan hacerse proceder.
La nueva ley también estaría determinando que las universidades presenten un programa sobre la forma en que los recursos serán gestionados y ejecutados, sobre el cual, la administración de Miguel Barbosa podrá hacer los cambios que se dispongan a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De igual forma se podrán imponer sanciones contra instituciones privadas que retengan cualquier tipo de documentos a causa de algún adeudo, además de que se impedirá el abuso en el cobro de cuotas y la SEP tendrá la facultad de investigar si dichos cobros son excesivos o injustificados.
Asimismo, según dicta el artículo 105 de esta nueva ley, todos los inmuebles de instituciones públicas y privadas que estén tendrán que contar con reconocimiento de validez oficial.
El Consorcio Universitario, compuesto por la BUAP, UPAEP, UDLAP, Ibero, Universidad Anáhuac y Universidad Madero, se manifestó en contra de esta inicativa impulsada por el mandatario estatal, al considerar que en ella hay una sobre regulación que va en contra del principio de libertad académica, según expusieron.
También señalaron a este nueva ley porque en ella se pretenden introducir algunas nuevas obligaciones que las universidades consideraron excesivas.
Esta iniciativa de reforma fue avalada previo a la legalización de las sesiones en línea del Congreso del Estado prevista en la reforma a la Ley Orgánica del poder ejecutivo, por lo se prevé que esta ley se aprobada en breve por el Pleno
