La reforma, respaldada por la mayoría oficialista, fue aprobada con 22 votos a favor Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, frente a 17 votos en contra de la oposición.
Cerca de 2,000 manifestantes, entre ellos trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), se reunieron este lunes en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, para expresar su rechazo a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma, que busca instaurar la elección de jueces mediante voto popular, ha generado un fuerte descontento entre los miembros del poder judicial y diversos sectores de la sociedad.
La protesta tuvo lugar por la tarde-noche, tras la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los manifestantes clamaron consignas como “¡Justicia independiente, derecho de la gente!” y alzaron pancartas que abogaban por la defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.
La reforma, respaldada por la mayoría oficialista, fue aprobada con 22 votos a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM), frente a 17 votos en contra de la oposición.
Esta propuesta prevé la realización de elecciones judiciales y una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre las modificaciones propuestas se incluye la reducción de ministros de 11 a 9 y la disminución del período de su encargo de 15 a 12 años. Así mismo se plantea la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros y un ajuste en sus remuneraciones al tope del presidente de México.
La reforma contempla, además, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones y la eliminación de las dos salas actuales de la Suprema Corte. Se prevé que el oficialismo impulse esta reforma en el pleno del Congreso en septiembre, cuando contará con los dos tercios necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
Ante estos cambios en la reforma, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de esta reforma en la independencia judicial y en el clima de inversión en México.
La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió sobre las “amplias” implicaciones de la reforma, mientras que Estados Unidos y Canadá han señalado inquietudes similares.
Así mismo, entidades como Fitch, CitiBanamex y Morgan Stanley también han manifestado su preocupación por los riesgos asociados con la reforma al Poder Judicial y otras propuestas del Gobierno.
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