La reforma, según el PAN, debilitaría los equilibrios y contrapesos de la división de poderes, favoreciendo una mayor injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial y creando un clima de impunidad.
La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, criticó duramente la reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo, afirmando que esta no garantiza justicia y podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos.
Según un estudio del Grupo Parlamentario del PAN, la reforma permitiría una manipulación por parte del gobierno y de Morena, al no asignar recursos suficientes para mejorar el acceso a la justicia y al permitir la elección directa de ministros, jueces y magistrados.
El análisis de 39 puntos revela que la reforma podría facilitar la injerencia del crimen organizado en la justicia y debilitar la confianza jurídica de México a nivel internacional.
La falta de presupuesto para instituciones locales y el riesgo de politización en la selección de jueces y personal judicial también son preocupaciones destacadas. Ayala señaló que la reforma podría crear un estado de indefensión para el personal judicial y beneficiar a aquellos con poder económico, dejando a los más vulnerables sin protección.
En términos económicos, el PAN advierte que la reforma podría desviar recursos hacia el pago de la deuda externa, aumentando el desempleo y reduciendo los ingresos familiares.
Además, podría impactar negativamente en el T-MEC, al no asegurar un Poder Judicial imparcial y transparente, lo que podría desencadenar controversias internacionales. La reforma, según el PAN, debilitaría los equilibrios y contrapesos de la división de poderes, favoreciendo una mayor injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial y creando un clima de impunidad.
Este análisis crítico resalta los posibles riesgos y efectos adversos de la reforma propuesta, planteando serias dudas sobre su impacto en la justicia y los derechos humanos en México.
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