La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno volvió a poner lupa sobre los procesos de contratación pública y esta vez el foco estuvo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
A través de su Órgano Interno de Control, la dependencia sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V., luego de comprobar que presentó información falsa en dos procesos de licitación.
De acuerdo con la información oficial, la empresa buscaba obtener un contrato para el Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas, pero durante su participación entregó un certificado falso para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relacionada con Igualdad Laboral y No Discriminación. Este documento fue clave en las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas identificadas con los números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025.
Multa, inhabilitación y publicación en el DOF
Tras confirmar la irregularidad, la autoridad determinó una multa económica de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses para que la empresa no pueda participar en procedimientos de contratación ni firmar contratos con la Administración Pública Federal, ya sea de manera directa o a través de intermediarios.
La notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026, y posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que le da carácter oficial y público a la resolución. Además, Lax Constructora fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, una medida que cierra la puerta a nuevas contrataciones con el gobierno federal mientras dure la sanción.
La Secretaría aclaró que las medidas se emitieron conforme a la ley, tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta, dejando claro que mentir en un proceso de licitación no es una falta menor.
Mensaje claro contra la corrupción en contratos públicos
Aunque la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, la dependencia adelantó que, de ocurrir, defenderá la sanción con firmeza, al considerar que fue impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.
En su posicionamiento final, la Secretaría Anticorrupción fue directa: engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias. Este caso envía un mensaje contundente a las empresas que participan en licitaciones gubernamentales:
- La información debe ser veraz y comprobable
- Los certificados falsos serán detectados y sancionados
- La legalidad es un requisito, no una opción
Con acciones como esta, el gobierno federal busca fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza en las compras públicas, especialmente en proyectos estratégicos como el AIFA, donde el escrutinio ciudadano y legal es cada vez mayor.
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