La iniciativa, que ahora será discutida en lo particular y se prevé será votada en el Pleno el próximo miércoles, incluye cambios significativos.
Este domingo, el Senado aprobó en lo general el dictamen de reforma del Poder Judicial impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados.
La aprobación se realizó sin modificaciones, con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y 12 en contra de la oposición.
La iniciativa, que ahora será discutida en lo particular y se prevé será votada en el Pleno el próximo miércoles, incluye cambios significativos.
Entre ellos, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y la disminución del período de su cargo de 15 a 12 años.
Además, establece que ningún exministro podrá ser reelegido, que la Presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos obtenidos en cada elección, y que la presidencia corresponderá a quienes alcancen la mayor votación.
El líder del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Marko Cortés, adelantó que su grupo votará en contra de la propuesta, calificándola de regresiva y destructiva. Cortés argumentó que la reforma debilita la autonomía del Poder Judicial y el amparo como recurso fundamental contra actos arbitrarios.
Además, advirtió que podría generar incertidumbre jurídica y económica, afectando la inversión, el empleo formal y los programas sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, argumentó que algunos artículos del dictamen contravienen la Constitución y tratados internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Luis Donaldo Colosio Riojas, del Movimiento Ciudadano (MC), criticó la reforma por priorizar la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, comprometiendo la imparcialidad y la autonomía del sistema judicial.
En contraste, el senador Gonzalo Yáñez del PT defendió la reforma como una medida democrática y necesaria, mientras que Waldo Fernández González del PVEM desmintió las afirmaciones de que se destruya la carrera judicial y que cualquier persona pueda inscribirse para ser ministro.
La reforma ha provocado protestas, incluyendo un paro en la SCJN y marchas estudiantiles. También ha recibido advertencias de organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, y entidades financieras y diplomáticas, que temen riesgos para la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
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