La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los cierres de carreteras realizados por grupos de agricultores no responden únicamente a demandas legítimas del campo, sino a intereses políticos impulsados por ciertos dirigentes.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que su administración mantiene un apoyo extraordinario al sector maicero, con el objetivo de respaldar a los pequeños productores del país.
“Es un esfuerzo extraordinario de 4 mil 200 a 6 mil pesos por tonelada. Hay agricultores que no están de acuerdo, pero muchos de los que tienen tomadas las carreteras —lo digo con conocimiento— tienen intereses políticos y no legítimos”, declaró en conferencia matutina.
El diálogo sigue abierto con productores legítimos
Sheinbaum destacó que el gobierno federal mantendrá las puertas abiertas al diálogo con todos los agricultores que busquen resolver sus demandas de forma legítima.
Sin embargo, advirtió que algunos bloqueos están siendo utilizados con fines partidistas.
“Mientras haya intereses legítimos, se les va a recibir a todos. Pero hay dirigentes que representan a partidos y están aprovechando esta situación con fines políticos”, puntualizó.
El conflicto por el precio del maíz
Las protestas de los productores se centran en el precio por tonelada de maíz, que consideran insuficiente frente al costo de producción.
La presidenta explicó que, debido al Tratado Comercial vigente, los precios deben ajustarse conforme a los valores internacionales establecidos en la Bolsa de Chicago.
“Desde 2019 el apoyo se enfoca en los pequeños productores, quienes cultivan para el autoconsumo y una parte para el mercado. Es a ellos a quienes queremos seguir protegiendo”, añadió.
Apoyo extraordinario al campo mexicano
El programa federal contempla incrementar los recursos de 4 mil 200 a 6 mil pesos por tonelada, con el fin de mitigar las pérdidas económicas ocasionadas por la caída del precio internacional del grano.
Sheinbaum reiteró que su administración no cederá ante intereses políticos y que la prioridad seguirá siendo garantizar justicia social en el campo mexicano.
Esta posición reafirma la estrategia del Gobierno de México de diferenciar las demandas genuinas del sector agrícola de aquellas promovidas con fines partidistas, en medio de una coyuntura económica compleja para los productores nacionales.
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