La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue contundente al asegurar que no puede existir protección para ninguna autoridad vinculada con la delincuencia, sin importar el cargo o el nivel de gobierno que ocupe.
En sus declaraciones, dejó claro que la relación entre funcionarios públicos y grupos criminales es una de las expresiones más graves de corrupción, además de representar un riesgo directo para la seguridad del país.
Sheinbaum subrayó que no se hará distinción entre presidentes municipales, jefes policiacos o cualquier otra autoridad, y recalcó que lo verdaderamente inaceptable es que, aun existiendo pruebas, alguien permanezca protegido desde el poder. Para la mandataria, este tipo de vínculos dañan la confianza ciudadana y debilitan a las instituciones.
“Lo que no puede ocurrir es que si hay una autoridad involucrada con la delincuencia, esté protegida”, afirmó de manera tajante.
Inteligencia, investigación y la obligación de actuar
Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el papel de las áreas de inteligencia e investigación. Sheinbaum explicó que cuando existen datos e información comprobable que demuestran la participación de una autoridad en actividades criminales, el Estado está obligado a actuar. No hacerlo, dijo, sería caer directamente en la corrupción.
La presidenta enfatizó que el vínculo entre una autoridad y la delincuencia es lo peor que puede ocurrir dentro del servicio público, ya que implica traicionar la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Por ello, insistió en que las decisiones deben tomarse con base en información sólida, respetando siempre el marco legal y los derechos humanos.
En este contexto, destacó que el combate a la delincuencia no solo debe enfocarse en los criminales, sino también en quienes, desde el poder, facilitan o encubren sus actividades.
La lucha debe comenzar dentro de las instituciones
Sheinbaum sostuvo que la lucha contra la delincuencia debe empezar desde el interior de las propias instituciones, cerrando el paso a cualquier forma de complicidad. Para lograrlo, reiteró su compromiso con el principio de cero impunidad, asegurando que ningún delito debe quedar sin castigo.
“Dentro del marco de la ley y los derechos humanos, no podemos permitir que los delitos queden impunes”, señaló.
Finalmente, la presidenta dejó claro que su postura busca fortalecer al Estado y recuperar la confianza social, enviando un mensaje directo: no habrá tolerancia para la corrupción ni para las autoridades que traicionen su función pública. Este enfoque, aseguró, es clave para avanzar hacia un país con mayor seguridad y justicia.
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