La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó clara su postura tras la polémica que surgió en torno a la propuesta dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que buscaba modificar el criterio con el que se calculan las indemnizaciones por fallecimiento.
La idea era sustituir el salario mínimo por las Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que desató un fuerte debate público.
La prensa la cuestionó directamente y Sheinbaum no dudó en responder con precisión jurídica. Dijo que es importante recordar que la Corte no tiene facultades para legislar, sino para resolver asuntos constitucionales o revisar amparos. En pocas palabras, no le corresponde crear normas nuevas ni modificar leyes vigentes; su labor es validar, confirmar o rechazar interpretaciones de ley ya existentes.
Para ella, el rol de la SCJN es claro: resolver lo que la Constitución y los tribunales previos ya han establecido. Si la Corte decide que una sentencia no procede, queda firme lo que determinó el tribunal anterior. No hay facultad legal para reescribir leyes, puntualizó.
El proyecto que encendió el debate nacional
Todo estalló con el proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien planteó modificar el criterio para calcular indemnizaciones y usar UMA en vez de salarios mínimos. Aunque la propuesta no fue descartada definitivamente, sí fue retirada temporalmente para abrir espacio a más consultas dentro del pleno.
La razón no fue técnica —al menos según Batres— sino para atender preocupaciones internas y externas. Varios ministros pidieron mayor discusión y en la opinión pública surgió la sospecha de que el cambio podría favorecer intereses económicos particulares, lo que aumentó la tensión alrededor del tema.
Batres aseguró que el retiro del proyecto no significa que exista duda sobre su contenido, sino que busca enriquecer el criterio final antes de una votación definitiva. Ante un tema tan delicado como indemnizaciones por fallecimiento, dijo, se requiere total claridad y consenso.
Un debate que seguirá vivo en la agenda nacional
La discusión está pausada, pero lejos de terminar. La SCJN realizará consultas adicionales para definir un criterio final, mientras la postura de Sheinbaum marca una línea política contundente: la Corte interpreta, no legisla.
El debate legal seguirá, porque detrás del tecnicismo hay algo mucho más grande: ¿cómo debe repararse la pérdida de una vida? ¿Quién debe decidir el monto y bajo qué parámetros? Por ahora, lo único seguro es que este tema continuará en la mesa y bajo la lupa pública.
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