El TEPJF respalda que el INE revise perfiles judiciales y niegue cargos a personas con antecedentes por violencia, deudas alimentarias o delitos graves.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el procedimiento implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que las candidaturas al nuevo Poder Judicial cumplan con los requisitos constitucionales de elegibilidad.
Con esta resolución, el INE queda facultado para negar la entrega de constancias de mayoría a personas que enfrenten acusaciones por violencia de género, adeuden pensión alimenticia o se encuentren prófugas de la justicia.
El proyecto fue presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien argumentó que este tipo de revisión no solo es legal, sino una obligación democrática. “Verificar que quienes juzgarán a otros cumplan la ley no es un exceso, es un deber institucional”, afirmó.
Fuentes también enfatizó que el derecho a ser votado no es absoluto, y está condicionado al cumplimiento constante de los requisitos legales establecidos por la Constitución. Es decir, una candidatura puede ser anulada incluso antes de recibir la constancia de mayoría, si existen pruebas de inhabilitación legal.
El procedimiento del INE contempla revisar registros oficiales, detectar posibles impedimentos —como antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política contra las mujeres—, y otorgar audiencia a las personas implicadas antes de tomar una decisión definitiva.
El TEPJF aclaró que este proceso no invade facultades del Senado ni duplica funciones de los Comités de Evaluación, sino que forma parte de una colaboración institucional, donde cada actor cumple un rol específico: los comités analizan los perfiles técnicos, el Senado selecciona candidatos, y el INE garantiza que los postulantes cumplan con las condiciones legales.
“La elección no puede validarse si quienes resultan electos no pueden ocupar legalmente el cargo”, subrayó el tribunal, destacando que esta medida fortalece la legalidad electoral y refuerza la confianza ciudadana en la transformación del sistema judicial mexicano.
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