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Política

Tribunal Electoral propone que el Senado concluya selección de candidatos judiciales con proceso aleatorio

Con esta propuesta, se busca garantizar la continuidad en el proceso de selección judicial y evitar mayores retrasos por los conflictos legales entre el Comité de Evaluación y el Tribunal Electoral.

La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, presentó un proyecto que propone que el Senado de la República culmine el proceso de selección de candidatos judiciales mediante un procedimiento aleatorio, ante el desacato del Comité de Evaluación del Poder Judicial.

El comité, que debía reanudar el proceso de evaluación por orden del Tribunal Electoral, argumentó que enfrenta dos sentencias contradictorias: una emitida por un juez de amparo y otra por el propio tribunal. Ante esta situación, decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver el conflicto.

Propuesta del Tribunal Electoral

El proyecto de la magistrada Soto plantea que la Mesa Directiva del Senado, en ejercicio de su jurisdicción, tome los pasos necesarios para realizar un sorteo público con los candidatos que cumplieron los requisitos en la primera fase del proceso. Según Soto, evaluar la idoneidad de los aspirantes no es factible debido a lo avanzado del procedimiento y la cercanía de la fecha límite, establecida para el 31 de enero.

Además, se propone que el resultado de la insaculación sea vinculante y aceptado por el Poder Judicial. En caso de que la SCJN no apruebe las ternas o duplas generadas, se aplicaría la figura de “afirmativa ficta”, lo que implicaría que los listados se considerarían automáticamente aprobados.

Plazo y discusión


El Senado tendría hasta el 4 de febrero para remitir las ternas y duplas a la SCJN, que deberá dar su aprobación a más tardar el 6 de febrero. El proyecto será debatido en sesión pública del Tribunal Electoral y requerirá el voto favorable de al menos tres de los cinco magistrados de la Sala Superior para su aprobación.

Con esta propuesta, se busca garantizar la continuidad en el proceso de selección judicial y evitar mayores retrasos por los conflictos legales entre el Comité de Evaluación y el Tribunal Electoral.