La decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias de funcionarios de Sinaloa encendió nuevamente el debate político y judicial entre México y Estados Unidos. La medida ocurrió después de que autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos con Los Chapitos y provocó reacciones inmediatas desde Palacio Nacional.
Aunque el gobierno federal insistió en que se trata de un procedimiento preventivo y no de una investigación formal en México, el caso colocó bajo presión al entorno político de Sinaloa y abrió cuestionamientos sobre el alcance de las acciones financieras impulsadas tras las alertas emitidas por bancos mexicanos.
UIF y bloqueo preventivo de cuentas tras señalamientos de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda informó que el congelamiento de cuentas fue ejecutado por la UIF con carácter estrictamente preventivo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, las instituciones bancarias emitieron alertamientos luego de que autoridades estadounidenses difundieran acusaciones contra funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con organizaciones criminales relacionadas con Los Chapitos.
La dependencia aclaró que las medidas derivan de mecanismos de monitoreo aplicados a Personas Políticamente Expuestas (PEP), una categoría que obliga a los bancos a reforzar controles y reportes ante posibles riesgos financieros.
En ese contexto, la UIF explicó que la inmovilización de recursos no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal alguna, sino que forma parte de acciones administrativas preventivas.
Sheinbaum afirma que la medida fue automática
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el bloqueo ocurrió de manera automática debido a la relación operativa entre la banca mexicana y el sistema financiero estadounidense.
La mandataria señaló que la UIF emitiría un comunicado para detallar el procedimiento y descartó que exista una investigación directa contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, declaró la presidenta.
Sheinbaum también enfatizó que la actuación responde a protocolos financieros internacionales cuando existen órdenes de aprehensión o investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Acusaciones por presuntos nexos con Los Chapitos
Las autoridades estadounidenses señalaron a diez personas vinculadas con el gobierno de Sinaloa por supuestamente recibir sobornos para permitir operaciones criminales de Los Chapitos sin intervención de autoridades locales.
La UIF evitó mencionar nombres en su comunicado; sin embargo, trascendió que entre los involucrados se encuentra Rubén Rocha Moya, además de exfuncionarios de seguridad y finanzas de la entidad.
El tema tomó mayor relevancia luego de que se reportara la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas.
Mientras tanto, versiones difundidas en medios estadounidenses apuntan a que algunas de las detenciones podrían estar relacionadas con acuerdos de colaboración judicial.
Qué puede pasar tras el congelamiento de cuentas
La UIF explicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a presentar recursos legales, solicitar audiencias y promover amparos para intentar recuperar el acceso a sus cuentas bancarias.
Además, la dependencia federal aseguró que continúa analizando información financiera relacionada con el caso bajo criterios técnicos y administrativos habituales.
El episodio vuelve a colocar la cooperación entre México y Estados Unidos en el centro de la discusión pública, especialmente por el impacto político que generan las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el sistema financiero internacional.
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