La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) consiguió que un juez impusiera prisión preventiva justificada contra Teresa N., señalada como probable responsable de delitos contra los animales en su modalidad de abandono.
El caso ha generado fuerte interés social, ya que pone sobre la mesa la importancia de la responsabilidad legal y moral que implica tener una mascota.
De acuerdo con la autoridad, la imputada es investigada por dejar en completo abandono a una perrita mestiza de apenas tres meses de edad, identificada como “Deysi”. La FGE presentó argumentos sólidos ante la autoridad judicial, los cuales fueron suficientes para modificar la medida cautelar inicial y endurecer las condiciones del proceso legal.
Este tipo de resoluciones refuerzan el mensaje de que el abandono animal sí tiene consecuencias penales y que las instituciones están actuando para frenar este tipo de conductas.
El caso de “Deysi” y el abandono en una clínica veterinaria
Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024, cuando Teresa N. llevó a su mascota a una clínica veterinaria ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en el municipio de Puebla. La cachorra fue diagnosticada con parvovirus y parásitos, por lo que quedó hospitalizada para recibir atención médica especializada.
La dueña realizó un pago inicial de mil pesos, sin embargo, pese a que el personal veterinario le informó en varias ocasiones que la perrita se estaba recuperando, nunca regresó por ella. Tampoco respondió llamadas ni mensajes, lo que derivó en que el animal quedara totalmente abandonado en la clínica.
Este hecho fue considerado por la autoridad como un abandono deliberado, una conducta tipificada como delito dentro de la legislación de protección animal vigente en el estado.
Inasistencia a audiencia y cambio de medida cautelar
Durante el proceso legal, el Ministerio Público solicitó la revisión de la medida cautelar que inicialmente consistía en la firma periódica. La petición se dio luego de que la imputada no se presentara a una audiencia posterior, sin ofrecer justificación alguna.
El Juez de Control determinó que esta inasistencia modificó de forma objetiva las condiciones previamente evaluadas, por lo que resolvió imponer la prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá vigente durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal.
Este fallo representa un precedente importante en materia de justicia y protección animal, dejando claro que el abandono no es un acto menor y que quienes incumplen con sus responsabilidades pueden enfrentar consecuencias legales severas.
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