Armenta lanza crítica al pasado: Puebla no necesitaba un museo millonario

Desde la capital del estado, el mandatario aseguró que durante años algunos gobiernos se dedicaron a saquear las finanzas públicas, mientras hoy su administración trabaja para desmantelar redes de corrupción y abuso de poder que se normalizaron en el pasado.
Armenta recalcó que su gobierno no actúa por consigna ni por persecución política, pero tampoco se queda de brazos cruzados ante irregularidades heredadas. “Poner orden no significa atropellar derechos”, afirmó, al tiempo que subrayó que su gestión busca recuperar la legalidad que se perdió con modelos privatizadores que beneficiaron a unos cuantos.

Señalamientos a la oposición y herencias incómodas

El mandatario también arremetió contra dirigentes de partidos de oposición, a quienes acusó de actuar con “cinismo descarado”, pues hoy critican acciones de gobierno cuando en su momento permitieron el crecimiento del robo de combustible y convirtieron al estado en un botín político y económico.
Uno de los ejemplos más claros, dijo, es la deuda de 4 mil 300 millones de pesos que se arrastra hasta 2037 por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, la cual calificó como inmoral. Armenta explicó que ese recurso podría destinarse a obra pública, seguridad y educación, áreas que realmente impactan en la vida diaria de las y los poblanos.

Deuda, negociaciones y combate a la inseguridad

El gobernador dejó claro que la deuda del CIS debe finiquitarse, y adelantó que su administración ya se encuentra en negociaciones con empresarios para alcanzar un acuerdo justo para el estado. No descartó que, de ser necesario, el Gobierno de Puebla acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el tema conforme a la ley.
Finalmente, Armenta enfatizó que regresar el orden es una obligación moral del gobierno, sobre todo después de años en los que “dejaron hacer y dejaron pasar”, permitiendo el saqueo y el fortalecimiento de cadenas de corrupción. En ese contexto, reiteró que su administración mantiene una estrategia firme para combatir la inseguridad y a los grupos delictivos, incluso cuando existen complicidades municipales que buscan frenar el cambio.