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Puebla

ASF detecta posible daño patrimonial por más de 63 millones de pesos en el Ayuntamiento de Puebla durante gestión de Adán Domínguez

Puebla, Pue.- La revisión de la cuenta pública 2024 del Ayuntamiento de Puebla dejó al descubierto posibles irregularidades financieras por más de 63 millones de pesos, de acuerdo con los resultados dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes al último tramo del gobierno municipal encabezado por Adán Domínguez Sánchez.

En la tercera entrega de informes individuales, el órgano fiscalizador federal integró dos pliegos de observaciones que, en conjunto, advierten un probable daño al erario municipal por 63 millones 503 mil 692 pesos, derivado de adquisiciones y contrataciones que no cuentan con soporte documental suficiente.

La observación de mayor monto, superior a los 38 millones de pesos, se relaciona con la compra de un vehículo asignado al Instituto Municipal de la Juventud, así como con un contrato de alumbrado decorativo. En ambos casos, la Auditoría determinó que no existen elementos que acrediten plenamente la recepción de los bienes y servicios, ya sea por la ausencia del registro del vehículo en el inventario municipal o por la falta de constancias de entrega conforme a lo estipulado en los contratos.

El segundo señalamiento, por más de 25 millones de pesos, corresponde a la adquisición de un software destinado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este rubro, la ASF indicó que no se localizó el contrato respectivo ni evidencia documental que confirme la entrega de licencias, reportes técnicos o actas debidamente formalizadas.

Las observaciones involucran recursos federales provenientes tanto del Fondo de Participaciones Federales a Municipios como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, lo que abre la puerta a procesos de aclaración y, en su caso, a la determinación de responsabilidades administrativas o resarcitorias.

Domínguez Sánchez asumió la presidencia municipal en diciembre de 2023, en sustitución de Eduardo Rivera Pérez. Las autoridades municipales cuentan ahora con los plazos legales para solventar las observaciones o enfrentar las consecuencias que deriven de la fiscalización federal.

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