Puebla, Pue.- El uso irregular de espacios públicos para actividades comerciales y de reparación vehicular encendió las alertas en el Ayuntamiento de Puebla, que anunció una serie de operativos para frenar prácticas como el borrado de balizamiento y la invasión de zonas destinadas a estacionamiento y movilidad no motorizada. Las acciones contemplan sanciones económicas que pueden superar los 11 mil pesos.
Autoridades municipales detectaron que en distintas vialidades de la capital, principalmente en áreas con alta concentración de talleres mecánicos, talacherías y comercios, algunos particulares pintan de negro los cajones de estacionamiento para apropiarse de ellos como áreas de trabajo o exhibición. Esta conducta, señalaron funcionarios del área de Movilidad, contraviene la normativa vigente al tratarse de espacios públicos donde no está permitido ni reparar vehículos ni obstaculizar la vía.
El fenómeno no se limita a una sola zona. En corredores comerciales como la 25 Poniente también se ha observado la colocación de mercancía y estructuras sobre espacios regulados por parquímetros, lo que reduce la disponibilidad de estacionamiento y afecta la circulación. Ante ello, el gobierno municipal informó que se ha iniciado contacto directo con los responsables de estos negocios para advertirles sobre las restricciones y, en su caso, aplicar sanciones.
En paralelo, el Ayuntamiento reportó que el sistema de parquímetros registró más de cinco millones de usuarios entre mayo y diciembre de 2025, lo que refleja una alta demanda de espacios regulados y refuerza la necesidad de mantenerlos libres de obstrucciones indebidas.
Otro frente de atención es la invasión de ciclovías por automovilistas. Regidores y autoridades de seguridad acordaron establecer mesas de trabajo para definir operativos específicos que permitan vigilar estos carriles, cuya ocupación indebida se castiga con multas que van de 80 a 100 Unidades de Medida y Actualización.
Con estos montos, Puebla se ubica entre las ciudades con sanciones más altas del país por invadir infraestructura ciclista, por encima de urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El gobierno municipal sostiene que el objetivo no es recaudatorio, sino garantizar el uso ordenado del espacio público y fortalecer una política de movilidad que priorice la seguridad y la convivencia urbana.
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