La mañana de este día se confirmó la aprehensión de Rafael Carbarín Ramírez, secretario general del Sindicato Progresista de Trabajadores Libertad, quien fue detenido en el municipio de Quecholac por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.
La captura se realizó con base en un mandato judicial vigente, emitido por un Juez de Control de la región Centro-Poniente, como parte de la carpeta judicial 706/2025/Cholula.
La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la carretera Tecamachalco-Quecholac, donde agentes ministeriales cumplimentaron la orden sin que se reportaran incidentes mayores. El caso ha generado fuerte atención pública debido al peso político y sindical del detenido, quien en años recientes presumía una cercana relación con autoridades estatales.
La denuncia por extorsión y los señalamientos directos
De acuerdo con la información disponible, Rafael Carbarín, de 52 años, fue denunciado por una socia de la empresa Consorcio Andrade & Espinoza S.A. de C.V., dedicada a la compra y venta de balastro. La empresa se localiza en la carretera a Azumiatla, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, sitio donde presuntamente se habrían cometido los actos de extorsión.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha revelado todos los detalles del caso, se sabe que la denuncia fue suficiente para que un juez librara la orden de captura. Las autoridades mantienen el proceso bajo reserva mientras avanzan las diligencias legales, pero el señalamiento es claro: se investiga un esquema de presión y cobros ilegales relacionados con la actividad sindical.
Bloqueos, antecedentes y lo que sigue en la investigación
Además del señalamiento por extorsión, Carbarín Ramírez también ha sido vinculado con el bloqueo del Periférico Ecológico, ocurrido hace un par de semanas, un hecho que generó caos vial y múltiples afectaciones a la ciudadanía. Este antecedente ha reforzado la percepción pública de que el ahora detenido operaba como un actor de presión y confrontación, tanto contra empresas como contra autoridades.
Se espera que en el transcurso del día la FGE de Puebla amplíe la información sobre su situación jurídica, posibles nuevas denuncias y si existen más personas involucradas. Por lo pronto, el caso marca un mensaje contundente: las prácticas de extorsión y chantaje, incluso desde liderazgos sindicales, ya están siendo investigadas y castigadas.
La detención de Rafael Carbarín no solo abre un proceso legal, también reaviva el debate sobre el uso del poder sindical para fines personales, un tema que sigue generando tensión en distintos sectores de Puebla.
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