Ciudad de Puebla, Pue.– El Tribunal de Alzada confirmó una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión contra Juan Carlos N., acusado del delito de violación equiparada, luego de validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Ratifican condena tras revisar pruebas y proceso
La resolución deriva del análisis integral realizado por el Tribunal, que examinó la correcta acreditación de los elementos del delito, la responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de la pena, con el objetivo de verificar que no existieran violaciones procesales. Tras esta revisión, el órgano jurisdiccional confirmó la sentencia dictada en primera instancia.
La condena había sido impuesta en mayo de 2024, luego de que el Ministerio Público acreditara los hechos y la participación del acusado. Posteriormente, la defensa promovió un recurso de apelación, el cual fue desestimado tras el estudio del caso por el Tribunal de Alzada.
Antecedentes del caso
De acuerdo con las investigaciones, en 2020 el sentenciado habría cometido agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 10 años de edad, hija de su entonces pareja sentimental. Los hechos presuntamente ocurrieron en distintas ocasiones cuando la madre de la víctima se ausentaba del domicilio ubicado en la colonia 6 de Junio, en la ciudad de Puebla.
Una vez que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía integró la carpeta de investigación y presentó argumentos y pruebas que permitieron sustentar la acusación y obtener la condena correspondiente.
Compromiso con el acceso a la justicia
Con la confirmación de la sentencia, las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con el combate a los delitos sexuales y la no impunidad. La resolución fortalece la certeza jurídica del proceso y ratifica la actuación conforme a derecho de las instancias ministeriales y judiciales.
La Fiscalía subrayó que continuará impulsando investigaciones sólidas y procesos con apego al debido proceso, para garantizar acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas.
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