Por: Cortesía

Puebla

Conoce la verdad sobre la toma de instalaciones de la UDLAP

Puebla, Pue.- Hagamos un recuento de las razones que impulsaron esta semana a la toma de instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por parte de elementos policiacos el pasado martes 29 de junio.

Lo primero que debes saber es que las autoridades judiciales de la Ciudad de México y del Estado de Puebla ordenaron un día antes de la toma de la universidad, es decir, el 28 de junio, que se restituirá la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, y que se iniciaría inmediatamente una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha Universidad, en un acto de recuperación del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Con dicho sustento legal inicio lo que para la comunidad universitaria en Puebla fue atentando contra el estado de derecho, sin embargo, esta acción jurídica tiene su origen un mes atrás, cuando se giró una orden de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins acusados por Guillermo Jenkins de Landa de haber robado el patrimonio de la fundación que lleva el mismo nombre que su madre por un monto que asciende a los 14 mil millones de pesos.

Lo anterior ya había dado a conocer meses atrás por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien informó que William Oscar Jenkins, jefe de la familia Jenkins, no heredó un solo peso a su familia tras su muerte, sino que dejó su fortuna a nombre de la fundación con el propósito de que se continúen desarrollando obras y programas a favor de la entidad, pero al final se apropiaron del dinero, motivo por el que actualmente son investigados.

¿Cuál es el conflicto de la Fundación Mary Street Jenkins?

La Fundación Mary Street Jenkins apoyó diversos proyectos educativos y deportivos en Puebla, como el Colegio Americano, los Clubes Deportivos Alpha y, desde 1966, a la Universidad de la Américas, un proyecto surgido desde 1940 bajo el nombre de México City College, y que en 1970 se estableció con el apoyo de la familia Jenkins en su actual sede, en Cholula, Puebla.

En 1985 hubo una ruptura entre dos grupos dentro de la fundación que llevó a dividir a la universidad, por lo que surgieron la conocida Fundación Universidad de las Américas de Puebla, que se quedó con el respaldo de los Jenkins, y la Asociación Civil Universidad de las Américas, instalada en 1986 en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Ambas instituciones coexistieron como campus independientes hasta 1995, cuando Alejandro Gertz Manero llegó a la rectoría de la Universidad de las Américas A. C. —el único rector que se mantiene en registros hasta la fecha—.

Al convertirse en rector de la Universidad de las américa A. C. Gertz Manero buscó una estrategia para acabar con la convivencia de la otra institución con la que compartía nombre, logo y lema.

Tras una larga batalla legal, Gertz Manero terminó quitando a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla los derechos para emplear la marca UDLA —ahora es conocida como UDLAP—, los obligó a rediseñar su tradicional logo e incluso los conminó a crear un nuevo lema universitario, con lo que reservó para su escuela de la ciudad de México la frase que acuñaron en 1940: Sapientia, pax, fraternitas.

Estado vs UDLAP

Algunas versiones apuntan a que este conflicto parte de una estrategia del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa por apoderarse de las instituciones privadas, esto tras su fracaso en el 2020, cuando  redactó y presionó para aprobar la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la que pretendió apropiarse de bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares de su entidad, a través del artículo 105 de su legislación que estableció que la infraestructura de la educación particular con reconocimiento de validez oficial formaría parte del Sistema Educativo Estatal.

En ese sentido la UDLAP debía ser la primera institución sobre la que actuará el Estado, ya que alrededor de esa institución existen desde hace tiempo muchos intereses de tipo económico que tocan a varios funcionarios de la administración pública estatal y federal.