Puebla, Pue.- El caso de María Fernanda León volvió a colocar bajo escrutinio a las instituciones encargadas de atender la violencia de género en Puebla, luego de que la denunciante acusara al Poder Judicial y a la Fiscalía de Género de obstaculizar su acceso a la justicia. La mujer afirmó que, pese a contar con evidencia médica y psicológica que acreditaría agresiones por parte de su exesposo, Israel “N”, dichas pruebas habrían desaparecido de su expediente sin que hasta ahora exista una explicación pública.
De acuerdo con su testimonio, las valoraciones oficiales —realizadas dentro del proceso ministerial— dejaron de estar disponibles en su carpeta, situación que, asegura, ha frenado el avance de su denuncia interpuesta desde 2024. Denunció además que cada intento por aportar nuevos elementos es frenado por agentes ministeriales distintos, generando incertidumbre sobre la conducción del caso. Entre ellos, señaló al investigador José María Barragán Baruch por presuntas amenazas emitidas en presencia de la fiscal Karla Michelle Salas, lo que la llevó a temer por su libertad e incluso por la custodia de su hijo.
A este escenario se suma un señalamiento contra el secretario de acuerdos Jesús Antonio Concha Cortés, a quien acusa de acoso e intentos de presión para aceptar condiciones propuestas por su expareja dentro del juicio familiar. La denunciante sostuvo que esta conducta, sumada a la falta de avance en su carpeta y a los criterios contradictorios de las autoridades, ha profundizado su desconfianza hacia las instituciones.
La situación escaló cuando, el 27 de octubre de 2025, el juez David Rodríguez González emitió una orden de aprehensión en su contra derivada de una denuncia presentada por Israel “N”. María Fernanda calificó el proceso como apresurado y contrastó la rapidez de esa resolución con el estancamiento de su propia acusación por violencia familiar. A ello agregó que la jueza Antonia Inés Morales Palacios habría extraviado su expediente, incluidas grabaciones de agresiones frente al menor involucrado.
La denunciante llamó a autoridades federales, colectivos y ciudadanía a acompañar su caso, argumentando que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que sigue fallando en brindar protección efectiva a las mujeres en Puebla.
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