Puebla, Pue. A pesar de que en varias ocasiones ha señalado supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, negó que su administración tenga la intención de aportar pruebas para respaldar las tres denuncias que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó en contra del rector, Alfonso Esparza, por operaciones simuladas, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El mandatario estatal expuso que fue la propia Auditoría Superior la que se encargó de revisar las operaciones de la BUAP por ser un órgano que recibe recursos públicos del estado, y en esa revisión se detectaron operaciones simuladas con el uso de facturas falsas, por lo que aclaró que su gobierno no se involucró en este tema, que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargará de resolver.
Explicó que las indagatorias se realizaron a partir de documentos que la universidad entregó y no son parte de una revisión extra a las cuentas de la máxima casa de estudios.
"Es lo que hizo el auditor Superior del Estado, y la autoridad ministerial tendrá que determinar si hay o no responsabilidad, no nos toca a nosotros intervenir en esa indagatoria, no tenemos pruebas que aportar, son de las que están tomadas de las cuentas públicas que la universidad entregó a la Auditoría, ni si quiera son producto de una nueva auditoría, o sea es de los papeles que entregaron ahí", precisó.
Luego de dar a conocer las denuncias que se promovieron ante la Fiscalía, la ASE explicó que las irregularidades detectadas corresponden al uso de facturas apócrifas con las que se justificó el gasto de 264 millones 739 mil 261 pesos.
Señalaron además que Alfonso Esparza es socio de la empresa Espor, que fue la encargada de fungir como auditora externa de la BUAP, y por esto se le denunció tráfico de influencias.
