La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Renato N., activista vinculado con la defensa del agua en la región, por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado.
La aprehensión se llevó a cabo la mañana del 1 de julio en la colonia Granjas Puebla, en estricto cumplimiento de una orden judicial derivada de la Causa Penal 325/2025/Cholula.
Acusan participación en protesta contra instalación de tubería
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 28 de mayo de 2025 Renato N., junto con unas 30 personas, acudió a un predio en San Miguel Xoxtla, donde una empresa realizaba la instalación de tubería para agua potable. Presuntamente, los manifestantes lanzaron piedras y objetos que causaron daños materiales. Desde entonces, el predio quedó bajo ocupación del grupo, por lo que se acreditó el despojo.
Organizaciones denuncian irregularidades en la detención
Tras difundirse la noticia, la organización Nodo DH denunció públicamente que Renato fue “levantado” por agentes sin orden de aprehensión. La FGE negó estos señalamientos y aseguró que el procedimiento se realizó con legalidad y respeto a los derechos humanos.
Esposa de Renato afirma que las acusaciones son falsas
Elia López, esposa de Renato Romero Camacho, declaró en entrevista con el periodista Julio Astillero que los delitos “fueron fabricados”. Asegura que su esposo no estuvo presente en los hechos ocurridos en Xoxtla y que fue detenido cuando se dirigía a una reunión de Cabildo Abierto en Nealtican.
López detalló que tras su detención a las 7:25 a.m., pasaron horas sin conocer su paradero. Finalmente, fue ubicado en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, pero no se les permitió el contacto inmediato con él, reprogramando la visita para el día siguiente.
Activismo y críticas a la Ley de Ciberasedio
Elia también recordó que el pasado 17 de junio, Renato participó en una conferencia de prensa donde criticó duramente la Ley de Ciberasedio, lo que, según ella, podría estar relacionado con su detención. Acusó al gobierno estatal de querer silenciar a quienes defienden los derechos de las comunidades.
Exigen respeto a sus derechos y debido proceso
La familia de Renato exige garantías jurídicas, acceso a defensa legal y respeto a sus derechos humanos. Hasta el momento, su situación jurídica sigue pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial.
La FGE sostiene que la detención es parte de un procedimiento legal derivado de una denuncia formal, mientras que diversos colectivos advierten que se trata de una criminalización del activismo social.
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