El día de ayer, el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas en contra de la familia Jenkins por una cantidad equivalente hasta por USD$720´000,000.00 (setecientos veinte millones de dólares) para asegurar el pago de los daños que dicha familia ha causado por desfalcar a la Fundación Mary Street Jenkins.
La fundación fue constituida en 1954 por el señor William Oscar Jenkins, con la finalidad de hacer el actos de caridad mediante apoyo de distintos tipos y actos de altruismo a la ciudad de Puebla; y su fundador dispuso que sus herederos, sin ser dueños del patrimonio, participaran en el patronato sin remuneración alguna.

Sin embargo, habiendo fallecido el señor Jenkins, sus herederos y patronos de la fundación, coludidos con los abogados Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, sustrajeron alrededor de $14,000’000,000.00 (catorce mil millones de pesos) de la institución, donando todos los bienes a otra fundación con residencia en Jalisco, que súbitamente cambió su domicilio a Barbados, para finalmente establecerse en Panamá, paraíso fiscal donde los herederos del fundador se nombraron beneficiarios directos de los bienes.
Todo habría quedado en impunidad para los Jenkins y sus abogados, sin embargo, una vez que el nuevo Presidente de la Junta de Asistencia Privada para el Estado de Puebla tuvo conocimiento de estos hechos, inició un procedimiento para fincar responsabilidad civil y penal a los funcionarios involucrados derivados de hechos graves de corrupcion y negligencia, y en paralelo presentó, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una demanda de daños y perjuicios más intereses por la cantidad de USD$720´000,000.00 (setecientos veinte millones de dólares de Estados Unidos de América) en contra de la familia Jenkins, lo que eventualmente llevó al congelamiento de sus cuentas.
La familia Jenkins también se encuentra prófuga de la justicia, pues desde el 24 de febrero pasado, pesa contra ellos una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, que fue emitida precisamente por este caso, y por la cual podrían ser detenidos en cualquier momento.
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