La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla resolvió el pasado 30 de septiembre sancionar a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, por incurrir en faltas administrativas graves de desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
El fallo determina que la exfuncionaria deberá reintegrar 362 millones 997 mil pesos al erario estatal y quedará inhabilitada por 20 años para ocupar cargos públicos. La resolución fue emitida de manera unánime por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.
La inversión irregular en Banco Accendo
El caso se originó en junio de 2021, cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas transfirió más de 600 millones de pesos del erario estatal a Banco Accendo, una institución en riesgo financiero que posteriormente quebró.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el banco enfrentaba procedimientos administrativos y malas prácticas contables, por lo que perdió su licencia en septiembre de 2021, afectando a varios estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz, además de instituciones federales como la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar.
La Sala Especializada concluyó que la exsecretaria autorizó una inversión no respaldada legalmente, provocando un daño patrimonial de 604 millones de pesos que hasta la fecha no ha sido recuperado.
Inhabilitación y sanción económica
Con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la resolución impone una multa económica equivalente al 60% del monto desviado, además de la inhabilitación por dos décadas para ejercer funciones públicas o participar en contratos con el Estado.
Si la exfuncionaria incumple con el pago, la Secretaría de la Función Pública y la Tesorería General de Puebla podrán ejecutar embargos de bienes y cuentas bancarias personales, o iniciar procedimientos penales por peculado o enriquecimiento ilícito.
Perfil y trayectoria de la exfuncionaria
María Teresa Castro Corro fue una de las figuras más influyentes en la administración barbosista. Durante su gestión (2019–2022), concentró el control financiero del presupuesto estatal, fideicomisos y organismos descentralizados.
Entre 2021 y 2023, defendió públicamente la inversión en Banco Accendo, calificándola como una “decisión técnica con mejores rendimientos”, aunque después reconoció no tener certeza de la recuperación de los fondos.
Reportes oficiales señalan que, pese a sus ingresos de poco más de 4.2 millones de pesos en cuatro años, adquirió propiedades por más de 9 millones, lo que levantó sospechas de posible enriquecimiento ilícito.
Un precedente contra la corrupción en Puebla
El gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó en 2025 reabrir las investigaciones y recuperar los recursos desviados, reiterando su política de “cero tolerancia y cero impunidad”.
Este caso marca un precedente en materia de responsabilidad administrativa, al sancionar a una de las exfuncionarias de mayor rango del gobierno de Miguel Barbosa por el manejo irregular de fondos públicos.
Mientras no exista suspensión del fallo, la sanción económica y la inhabilitación permanecen firmes, consolidando uno de los episodios más relevantes en la lucha contra la corrupción financiera en Puebla.
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